Él afirma que ella lo volvía loco. Que lo perseguía. Que lo amenazaba con matarlo si la dejaba. “Yo voy a ir presa, pero vos no salís más del cementerio”, contó que le dijo. Aseguró que lo levantaba a los insultos de la cama y que un día lo roció con gas pimienta.

Ella cuenta que él la controlaba a toda hora. Que él rompía cosas a propósito y que le tiraba la ropa. Dijo que la vez que lo siguió, comprobó que lo engañaba con otra mujer. Declaró que la maltrataba verbalmente, diciéndole “zorra” o “puta”, y que en alguna oportunidad —como el episodio del gas pimienta— él fue quien primero le pegó. Esa vez, ella ratificó una denuncia de violencia de género en contra de él y tuvieron medidas de restricción de acercamiento por un lapso de tiempo, hasta que retomaron la relación y ella pidió que se levantaran.

La Fiscalía de Violencia Doméstica, a cargo de Schubert Velázquez, la acusa a ella de haberlo querido matar y le pidió ocho años de cárcel. La mujer estuvo un año presa, hasta que esta semana un Tribunal de Apelaciones dispuso su arresto domiciliario.

Los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2023, cuando el joven fue hasta la casa de su madre, donde convivía con su novia y le confirmó que quería terminar la relación porque retomaría el vínculo con otra chica, con la que salía intermitentemente.

Cuando él le transmitió a esta joven que la iba a dejar, ella lo “provocó” —en palabras de la Fiscalía— para tener relaciones sexuales, a lo que él accedió. Pero, desde ese momento, las versiones se bifurcan.

Para la Fiscalía, ella tomó un cuchillo que tenía cerca de la cama y, aprovechándose de que él estaba vulnerable, le asestó una puñalada en el tórax y al menos una más en la cabeza. Luego de eso, se fugó y se escondió debajo de un auto.

Para su defensa, fue él quien se aprovechó de ella en el marco de la relación sexual y le tiró del pelo, la golpeó a cachetazos y tuvo una última acción que hizo que ella reaccionara para salvar su vida: la quiso ahorcar. A partir de ahí fue que tomó el cuchillo que tenía en el cuarto por seguridad y se defendió. Después, sufrió una “fuga disociativa” —lo que fue sugerido por un psiquiatra— producto de su frágil estado emocional y se desmayó, dado que tiene desmayos crónicos. Incluso, llegó a desmayarse durante más de media hora frente el día que la imputaron.

Foto: Estefanía Leal

Sus abogadas, las defensoras públicas Andrea Bravo y Rosario Silveira, manejaron en audiencias judiciales —a cuyo registro accedió El País— que podrían encontrarse frente a un caso de legítima defensa o que se encuentre dentro de las causales que prevé el artículo 36 del Código Penal. Este artículo permite eximir de pena a quienes cometan delitos de homicidio o lesiones producto de “el estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar”.

El juicio aún no ocurrió, por lo que no hay certezas sobre qué fue lo que pasó ese día. Si una mujer, con alevosía, agarró desprevenido a su novio y lo intentó matar porque la había dejado por otra, o si se trató de una víctima de violencia de género que temió por su vida y se defendió.

Durante este año de investigación, la mujer estuvo presa porque se entendía que su libertad ponía en riesgo el proceso. Después de tres intentos de la defensa de obtener el arresto domiciliario, esta semana el Tribunal de Apelaciones se lo concedió.

Las defensoras públicas argumentaron que todos tienen derecho a esperar su juicio en libertad, salvo que se dieran riesgos específicos para el proceso, que entendían que en este caso no se daban. El fiscal Velázquez y la abogada de él, Any García, se opusieron en todas las oportunidades porque creen que existe riesgo de que amedrente a testigos, inclusive a su defendido, o que se fugue como ya lo había hecho de la escena en una primera instancia.

El juez Marcelo Malvar negó la solicitud de la defensa la primera vez y las dos veces siguientes lo hizo el nuevo juez de la causa, Matías Porciúncula, manteniendo así a la imputada en prisión preventiva. La última vez en la que Bravo y Silveira pidieron que su defendida fuera excarcelada, él argumentó que todavía no había “información suficiente” que destruyera la semiplena prueba construída por la Fiscalía.

“Puede que sea posible que haya habido una circunstancia, una reacción razonable por parte de (ella) para defender su bien jurídico vida, dada la actitud de la víctima, pero todavía esa hipótesis no tiene la suficiencia como para destruir la mejor explicación que se encuentra al lado de la Fiscalía”, señaló el juez al analizar si existía semiplena prueba como para mantener la medida de prisión. Así, terminó por fundamentar que el antecedente de que ella se haya fugado de la escena —más allá de los motivos— es un precedente “fuerte y concreto”.

La abogada Silveira apeló y, además de dar sus razones, dijo: “Nosotras seguimos y vamos a continuar, no vamos a bajar los brazos (...), porque estamos convencidas de que realmente ella amerita una medida alternativa”.

Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno revocó la decisión del juez Porciúncula y determinó que la imputada debía tener arresto domiciliario. Los ministros, por unanimidad, no recogieron los extensos argumentos que se plantearon en audiencia. Fundamentaron que los riesgos para el proceso que había en un primer momento, se habían ido disipando.