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Todo lo que ocurrió en torno a la extinta Casa de Galicia ha tenido distintos capítulos y derivaciones en los casi tres años de polémica, cuando en octubre de 2021 la mutualista fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública ante la grave situación financiera de la institución.

Casa de Galicia ya no existe como tal, y su edificio, tras el concurso que fue iniciado también en octubre de ese año, fue llevado a remate por el Estado y adquirido por el Círculo Católico, en un proceso que el Frente Amplio ha cuestionado desde el primer momento y que llevó a que sus diputados realizaran hoy una interpelación a la actual ministra de Salud Pública, Karina Rando, y a las autoridades de ASSE, encabezadas por su presidente, Leonardo Cipriani.

En paralelo, hay un enfrentamiento mediático entre quien era el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias y el gobierno (ver recuadro) y, a su vez, al menos dos expedientes judiciales: uno en la órbita penal, a cargo del fiscal de Delitos Complejos Gilberto Rodríguez, y otro en la Justicia Civil, en relación al proceso concursal.

Y en los últimos días ha habido novedades, tanto en la investigación del Ministerio Público -en la que se conocieron declaraciones de testigos que cuestionaron el vínculo de Iglesias con algunos prestamistas, como informó El País este domingo- como en la otra vía, ya que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno emitió una sentencia el 12 de abril que hasta el momento no se había conocido.

Según el fallo de los ministros, al que accedió El País, Iglesias cometió “fraude” cuando, pocos días antes de solicitar el concurso, y estando en una situación de “insolvencia”, definió tres pagos de carácter “irrevocables” a prestamistas, en lugar de saldar las cuentas con otros actores que también eran acreedores de Casa de Galicia, tal como estaba establecido en el contrato con República Negocios Fiduciarios Sociedad Anónima para la constitución de un Fideicomiso de Administración en 2019.

Pero Iglesias tomó otra determinación. Dice la sentencia: “Por las instrucciones número 17 y 18 dictadas por Alberto Iglesias los días 14 y 13 de octubre respectivamente, dos días y un día antes de la solicitud de declaración de concurso voluntario de la concursada, se ordenó al fiduciario abonar” cerca de US$ 3.5 millones -este monto es de acuerdo el informe de las interventoras del MSP.

Los prestamistas beneficiados, como consigna también la sentencia de los ministros Loreley B. Pera, Analía García Obregón y Martha Loreley Fernández, entendieron que esos pagos “obedecieron al cumplimiento de negocios jurídicos preexistentes y onerosos que se encuentran debidamente documentados” y que además “desconocían el estado de insolvencia” de Casa de Galicia.

Pero en definitiva, el Tribunal de Apelaciones ratificó lo definido originalmente por el juez letrado de Primera Instancia de Concursos de 1er Turno, Leonardo Méndez, en cuanto a que “resulta la existencia o configuración del fraude a los acreedores” que estaban esperando que la mutualista saldara con ellos la deuda, “y el conocimiento de la insolvencia de la concursada por parte de los demandados”.

Asimismo, el tribunal compartió con Méndez “el perjuicio causado por estos actos a los acreedores” e insistió: “Surge claramente de su lectura y de los elementos de prueba aportados a la causa (...) el mencionado perjuicio, al garantizarse el pago de créditos quirografarios de determinados acreedores, en perjuicio de la satisfacción colectiva de los restantes, afectando el tratamiento igualitario de los mismos, en fecha concomitante con la solicitud de la declaración concursal de una Sociedad que se encontraba en estado de insolvencia prácticamente de conocimiento público”.

Y, como es de estilo en estos casos, los prestamistas que promovieron la apelación deberán pagar los costos implicados en este proceso.