Se realizó sobre el mediodía de ayer la audiencia que confirmó la formalización de la empresaria y corredora de bolsa Sara Goldring, denunciada por generar pérdidas millonarias y afectar a más de 300 clientes.

Al juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez acudieron cerca de 70 personas, entre los que se encontraban -además de los que participarían de la audiencia- damnificados por las maniobras, abogados, y prensa.

Allí, frente a la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pidió luego de una investigación de un año y medio, la formalización de la mujer de 74 años. Solicitó que se le impute un delito continuado de apropiación indebida, entendiendo que la empresaria “tomó dinero de algunos clientes para cubrir las inversiones de otros”.

Mainard accedió a este pedido, aunque rechazó posteriormente la solicitud de una medida cautelar de prisión domiciliaria por entender que el fiscal no pudo probar la existencia de un riesgo real de que Goldring interfiera en la investigación.

Se mantuvieron las medidas que ya regían: fijación de domicilio, cierre de fronteras y retención de documentos de viaje. A estas se les agregaron la prohibición de comunicarse con las víctimas y la obligación de presentarse una vez por semana en el juzgado -esto último fue una propuesta de la defensa de Goldring.

A partir de esta instancia, el fiscal tendrá un año para presentar la demanda acusatoria y así pasar a otra etapa del proceso.

Al retirarse de la audiencia, el fiscal Rodríguez decidió no hacer declaraciones, aunque sí lo hicieron los abogados de gran parte de las víctimas, Ignacio Durán y Eduardo Sasson, quienes expresaron su disconformidad con las medidas cautelares.

“Entendemos que podría haberse dado al menos una prisión domiciliaria”, dijo Durán que, consultado sobre la sensación de sus clientes, respondió que “el dolor sigue estando porque la formalización no les devuelve ni un centavo”, aunque aseguró que “lo ven con un poco más de optimismo”.

El abogado agregó que, a su entender, los hechos pueden ser catalogados como estafa, por lo que solicitarán la imputación de este delito en la etapa correspondiente. Además, buscarán que se impute también al esposo e hijo de Goldring por entender que “la maniobra no la hizo sola”.

Por su parte, Sasson consultado sobre la forma en la que fueron afectados sus clientes, dijo que “aquellos que tenían efectivo ahora solo tienen un 0,7% del dinero invertido con ella”, por lo que entiende que “hay un cúmulo de evidencia que sustenta que el dinero fue utilizado con finalidades distintas a las acordadas”.

Durante la audiencia, varias de las intervenciones de los abogados de los damnificados fueron celebradas inicialmente con gestos de aprobación y luego con aplausos por parte de los presentes, por lo que la jueza realizó un llamado de atención.

Según la investigación de fiscalía, Goldring realizó, entre otro tipo de operaciones, movimientos de dinero sin aviso en los que utilizó dinero de algunos clientes para poder “cubrir” las pérdidas que estaban generando las inversiones de otros.

Además, dentro de la compraventa de acciones, algunos clientes terminaron perdiendo incluso más que el monto inicial, lo cual nunca fue notificado por Goldring.

También se la investigó por pedir a sus empleados que envíen estados de cuenta modificados a sus clientes, para que no se enteren de las pérdidas, y así poder mantenerlos para generar comisiones en caso de futuras ventas.

Según la defensa de Goldring, la imputada empleó de su propio bolsillo US$ 25 millones, aunque desde su contraparte aseguraron que esto fue para evitar poner en conocimiento a los clientes de las maniobras ilegítimas.