La sentencia de la jueza señala: "Los actores, invocando la vulneración de los derechos de su hija fallecida y los suyos propios -el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la imagen- en tanto derechos protegidos en la Constitución y en los instrumentos de Derecho Internacional, entendieron correspondía la inmediata intervención de esta sede.

Los derechos esgrimidos constituyen conceptualmente derechos de la personalidad y en tanto tales, es dable afirmar en principio que, acaecido el fallecimiento aquellos se extinguen.

Verificada la muerte, desaparece la persona con sus atributos y cualidades, dejando de ser titular de relaciones jurídicas, extinguiéndose los derechos personalísimos que le eran propios. Los herederos adquirirán los derechos de contenido patrimonial y algunos legalmente previstos de contenido no patrimonial, en tanto manifestaciones de naturaleza moral o moral y patrimonial.

Pero los derechos personalísimos y por tanto intrasmisibles, se encuentran excluidos de la posibilidad de actuarse en persona distinta a la de su titular una vez acaecida la muerte.

Lo dicho despliega una serie de consecuencias en el aspecto formal y que inciden directamente en la inatendibilidad del planteo".

No se han verificado las condiciones para el ejercicio de la acción. En primer lugar, carecen los actores de interés y legitimación respecto de la pretensión tutelar, tratándose de derechos personalísimos que se extinguieron con la muerte de su hija y no les fueron transmitidos, por no poder serlo".