CASO ODEBRECHT

La Justicia panameña rechazó el pasado viernes un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de la uruguaya Maya Cikurel, acusada de un supuesto delito de lavado de activos, y declaró legal la orden de su detención, informó Montevideo Noticias (TV Ciudad) y confirmó El País. La contadora, pareja del ministro de Educación Pablo da Silveira, es patrocinada por el abogado penalista Gonzalo Fernández.

Panamá ha vinculado a Cikurel con cinco sociedades anónimas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas. 

Fernández había transmitido a la Justicia que Cikurel no tiene vinculación con las empresas mencionadas por la Fiscalía panameña y agregó que esas sociedades ni siquiera son uruguayas. “Mi cliente no integró los directorios de esas empresas”, había expresado el representante legal.

El Tribunal Superior de Liquidaciones de Panamá "declaró legal la orden de detención preventiva librada en su momento por la Fiscalía", confirmaron a El País fuentes del Órgano Judicial panameño.

Este lunes comenzó la audiencia preliminar alterna por el caso Odebrecht, que se extenderá hasta el 30 de setiembre próximo. Ante la misma deberán comparecer 49 personas, para quienes la Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ha solicitado llamamiento a juicio. "De ellas, 46 personas naturales y una persona jurídica, por el delito de blanqueo de capitales, y 2 personas naturales por el delito de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales", resalta el Órgano Judicial.

El 19 de febrero de 2020, Cikurel, junto al ministro da Silveira, realizaban los trámites en Migraciones de Colonia para viajar a Buenos Aires, pero la mujer quedó detenida por una alerta roja de Interpol. Dicha orden fue emitida a principios de 2019.

A mediados de junio de 2020, la jueza María Helena Mainard resolvió no hacer lugar a un pedido de extradición de la contadora Cikurel, solicitada por Panamá.

En ese entonces, Mainard había indicado en su fallo que "el Requirente (Fiscalía Anticorrupción de Panamá) carece de legitimación a los efectos de realizar la solicitud de Extradición, ya que ésta es competencia de las autoridades judiciales del Estado Panameño y no del Ministerio Público".