Redacción El País
El caso de Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege tuvo un nuevo giro en las últimas horas. Un Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de refugio en Uruguay, que ya había tenido un revés de primera instancia meses atrás. No obstante, el abogado de los argentinos, Marcelo Domínguez, adelantó que presentará un recurso de casación, por lo que la extradición a Argentina, donde son requeridos por la Justicia, seguirá en espera.

Según la resolución judicial, a la que accedió El País, se confirmó la decisión que había sido recurrida. Los argentinos, que fueron condenados mediante acuerdos abreviados por lavado de activos en Uruguay, afirman que en la vecina orilla fueron perseguidos por el gobierno de Mauricio Macri, período en el que se inició la causa judicial, y que no deben ser juzgados en su país.

En febrero Fiege, que se encontraba recluida junto a Balcedo en su residencia de Playa Verde, en el departamento de Maldonado, quedó en libertad, mientras que él tiene que cumplir condena hasta 2024.

En 2018 la Justicia argentina solicitó su extradición y la de Uruguay la aprobó, pero como fueron detenidos y juzgados por delitos cometidos en Uruguay, el traslado quedó en suspenso hasta que terminara la pena. Y ahora el juez Ernesto Kreplak, responsable de la causa en Argentina, espera sus traslados para comenzar la indagatoria, pero por el recurso de casación deberá seguir esperando.

La Justicia fue asesorada por la Comisión de Refugiados, que determinó que el temor de los condenados de ser perseguidos no está fundado porque, según cita la resolución, “no existiría un riesgo de privación indebida de libertad o de su seguridad personal en su país de origen”. En este sentido, se entiende que ambos buscan “frustrar o entorpecer y demorar su entrega” a Argentina. El fallo señala, además, que “los requerimientos judiciales de la República Argentina no resultan arbitrarios”.

Domínguez, en tanto, adelantó a El País que presentará un nuevo y último recurso judicial para intentar conseguir la calidad de refugiados para sus defendidos, y mientras no haya sentencia firme no podrán ser extraditados.

“El gobierno de Macri armó lo que fue la Gestapo antisindical y dentro de esa persecución política es donde recae este pedido de detención y posterior extradición a la Justicia argentina”, señaló.

Del otro lado del río, Balcedo es investigado por el delito de defraudación por administración infiel contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad, que él dirigía, también por lavado de activos y asociación ilícita.