Redacción El País
La jueza Marcela Vargas resolvió mantener la prisión preventiva del exsenador Gustavo Penadés y que se someta a una reevaluación dentro de 90 días.

El exlegislador por el Partido Nacional (PN) fue imputado el pasado 10 de octubre por más de 20 delitos sexuales contra menores de edad y se encuentra recluido en la cárcel de Florida. La reevaluación a la que se someterá Penadés fue sugerida por el Instituto Técnico Forense (ITF) tras pericias, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes judiciales.

Las pericias determinaron que si bien Penadés padece una afección cardíaca y diabetes, ambas están controladas y pueden seguir con tratamiento en prisión.

El viernes de la semana pasada Penadés se presentó al Juzgado de Florida y se le designó un abogado de oficio, luego de dejar de ser representado por los abogados Javier Vega y Francisco Quesada.

En la cárcel de Florida los presos realizan tareas de campo y según informaron desde el Ministerio del Interior a El País, 15 días después de su ingreso a la cárcel, Penadés comenzará a realizar trabajos en la chacra del centro penitenciario.

Foto: Darwin Borrelli

El pasado sábado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo que Penadés “es un preso común, está en el centro penitenciario de Florida y está como cualquier otra persona". "Acá no hay privilegios", afirmó.

Heber señaló además que se "está en plena investigación" interna para poder determinar si hubo más involucrados de la cartera en el caso Penadés. "Pareciera que estamos con otra persona que colaboró además de estos dos que se conoce", expresó Heber en referencia al exdirector del ex Comcar Carlos Taroco y un subalterno, que son investigados por brindar información de las víctimas a Penadés.

Tal como adelantó El País este sábado, de la investigación interna del Ministerio del Interior surgieron tres nombres: el de Carlos Taroco, el del funcionario Federico Rodríguez, subalterno de Taroco, y el de un operador penitenciario que no es policía.

Taroco fue imputado por la Justicia por un delito continuado de cohecho calificado y reiterados delitos de revelaciones de secretos. Ambos delitos agravados por su condición de agente policial, como establece la Ley Anticorrupción (17.060). Como medida cautelar se dispuso prisión preventiva hasta el 15 de febrero.