Desde su inauguración en 2019, la cárcel de Florida ha alojado a algunos de los presos con mayor exposición mediática del Uruguay. Primero, el futbolista Nicolás Schiappacasse cumplió allí prisión preventiva, en 2022, investigado por los delitos de tráfico interno de armas, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos. Luego Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou -que dio pie a una de las investigaciones judiciales más sonadas de los últimos años- fue trasladado a este centro para transitar su condena de cuatro años y medio.

Sin embargo, por estas horas, el último recluso de alto perfil es el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. A horas de que la Justicia comenzara a investigarlo formalmente por 22 delitos -entre ellos, violación y abuso sexual-, comenzó a cumplir allí los 180 días de prisión preventiva como medida cautelar. Y lo hizo sin haber pasado por el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como la gran mayoría de las personas imputadas por la Justicia, como informó esta semana La Diaria.

Es por casos como estos que, en el imaginario colectivo, el centro penitenciario en Florida es visto como una cárcel “VIP”, a donde es derivada una porción privilegiada de la población.

La Unidad 19 del INR ostenta algunos de los mejores indicadores del sistema carcelario, según el último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.

Con 173 plazas es el segundo centro con menor densidad de población, en un predio de más 5.000 metros cuadrados.

También es la cárcel con mayor porcentaje de personas cursando educación formal -Primaria, Secundaria, Terciaria o UTU-; y la segunda al contabilizar si los reclusos hicieron alguna actividad laboral en el mes.

La cárcel de Florida, que se comenzó a remodelar en 2017, está estructurada en cuatro módulos para 30 hombres cada uno. Además, cuenta con un espacio para 21 mujeres y dos barracas catalogadas como “de mínima seguridad”, con plazas para 16 personas cada una.

En el predio hay una huerta, gimnasio y un amplio jardín. De acuerdo a la información oficial, a diferencia de otros centros nacionales de rehabilitación, todos los internos tuvieron en 2022 al menos una hora al aire libre, todos los días de la semana.

La cárcel de Florida tiene animales para el consumo, biblioteca y una sala para recibir visitas. Los educadores ofrecen cursos opcionales de pintura y artesanías, entre otras posibilidades de recreación.

Incluso para los civiles que la frecuentan son “abismales” las diferencias entre este centro de rehabilitación y otros del país. Así lo planteó José González, voluntario de Vida Nueva, una organización no gubernamental formada por exreclusos y vinculada a la iglesia evangélica que ofrece programas de “justicia restaurativa” a las personas privadas de libertad. Mientras que en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera, “se atraviesan situaciones muy difíciles y los someten a cacheos permanentes” -dijo-, en Florida “no hay hacinamiento, gritos, ni nada de eso”.

“Si no es la mejor del país, anda por ahí”, resumió.

La abogada y psicóloga Martha Valfre explicó a El País por qué, a su entender, no se puede considerar a la cárcel de Florida como “VIP”, sino que es un modelo de cómo deberían ser las demás unidades del país.

“Los planes nuevos de construcción son de cárceles chicas, para 500 presos, en nivel plano. Lo ideal es que las personas que tú coloques, luego de evaluadas, tengan rasgos similares. Así podés establecer planes de trabajo y son mucho más fáciles de manejar”, indicó.

La experta consideró que la cárcel de Florida “es tranquila”, en consonancia con el perfil de los internos, y también porque hay proporcionalmente más personal que en las “megacárceles”. Es “una cárcel plana, con personas que apuntan a la convivencia y por lo tanto un mejor entorno. Si lo mirás desde ese lugar, entendelo como VIP. Pero no lo es: no tienen comida privilegiada ni beneficios adicionales. Es lo que verdaderamente debería ser una cárcel”, valoró.

“En una cárcel que sigue la lógica policial, lo que prima es la seguridad. Cuando es manejada por operadores, lo que prima es la rehabilitación. Está bien pensado. Es el modelo que buscamos: cárceles pequeñas, con un enfoque en la rehabilitación. Obviamente no hay que ser idealistas y pensar que todo el mundo es rehabilitable, porque no lo es”, apuntó la experta.

Varios expertos consultados por El País señalaron que se prestan a “suspicacia” los criterios vigentes para determinar en qué cárcel se cumplirá la prisión preventiva o la condena. Por lo tanto, la discusión no se centra en las condiciones de la cárcel de Florida sino en cómo se elige a quienes ocuparán una de las 173 plazas.

Cada ingreso o traslado es definido por una junta. Mientras que los psicólogos evalúan el perfil psíquico de la persona, los policías miden el riesgo que supone en términos de seguridad. En teoría, en función de ambos criterios se asigna el centro penitenciario más conveniente.

Sin embargo, es el presidente de este organismo -que desde este período de gobierno es el director del INR, Luis Mendoza- el que tiene “la última palabra”. Y por lo tanto, puede desdecir las recomendaciones de los técnicos sin tener que dar mayores explicaciones, coincidieron las fuentes.

El Grupo Técnico Honorario para las Cárceles, que se creó en este período y fue presidido por Valfre, había hecho recomendaciones para “transparentar” el proceso. Según supo El País, uno de los informes sugería integrar a la junta organismos de contralor, como el comisionado parlamentario para las cárceles o la Institución Nacional de Derechos Humanos. A su vez, que cuando el director del INR se apartara de las recomendaciones de los técnicos debiera elevar un informe al ministro del Interior con sus argumentos. Sin embargo, las fuentes aseguraron que ambas ideas fueron descartadas por la cartera. Mendoza no dio declaraciones a El País.