La Suprema Corte de Justicia (SCJ) no hizo lugar el pasado jueves 10 a un pedido de revisión de una sentencia interlocutoria de un Tribunal de Apelaciones que dispuso la detención y posterior extradición del empresario Jorge Peirano Basso a Paraguay.

El fallo, al que accedió El País, sostiene que la Corte declara “inadmisible” el recurso de casación interpuesto por el abogado de Peirano Basso contra la sentencia del tribunal, ya que la Corporación no revisa sentencias interlocutorias. “La sentencia impugnada (por Peirano Basso) no es definitiva ni interlocutoria con fuerza de definitiva. No pone fin al proceso ni impide su continuación”, explica la Corte.

La Corporación advierte que el Código de Proceso Penal, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el máximo órgano judicial no puede analizar un recurso de casación contra una sentencia interlocutoria simple, es decir, que no pone fin a un proceso penal.

Por ende, la Corte desestimó el recurso presentado por Peirano Basso, quedó firme la sentencia del tribunal y ahora se deberá a proceder a su extradición a Paraguay.

En agosto de 2002, la Justicia procesó con prisión a Jorge, José y Dante Peirano. Juan se fugó a Estados Unidos y fue extraditado años más tarde. Jorge Peirano Facio, padre de estos cuatro hermanos, fue procesado con prisión en noviembre de 2002 y falleció en la cárcel cinco meses después.

Los hermanos Peirano Basso fueron liberados en 2008 luego que se sustanció un largo proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Al año siguiente, Jorge Peirano Basso publicó el libro “Es la Vida”, donde sostiene que entonces, bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y en la dictadura cívico militar, el grupo Peirano fue víctima de la coyuntura política.

El relato deriva entre la visión del grupo sobre la crisis bancaria de 2002, la evocación de sus “cinco años, cuatro meses y cinco días” de prisión y las lecciones allí aprendidas. También sobre la época en que su padre, Jorge, fue ministro de Industria y Comercio a fines de los ’60 y de Relaciones Exteriores en 1970, bajo el gobierno de Pacheco Areco y la intervención del Banco Mercantil en los últimos meses de su mandato, como informó El País en 2009.

En el libro, Peirano Basso expresa que ante la crisis financiera regional de 2001-2002 “no fue difícil encontrar al ‘culpable’”. “Estaba al alcance de la mano: un grupo empresarial regional fundado por uruguayos, que operaba también en Uruguay, un país en el que la actividad empresarial privada era mirada por muchos con recelo”, asegura.

A su juicio se trató de “un verdadero linchamiento mediático, político, judicial, salvaje y despiadado” en el que “se generó un estado de opinión donde unos y otros se sumaban al estrépito y a la vocinglería general, adhiriéndose al lenguaje políticamente correcto del momento”.

En 2021, Jorge, Dante y José Peirano Basso presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una demanda en la que piden que se declare la nulidad de sus condenas y que el Estado uruguayo les otorgue una “reparación integral” y una “disculpa pública”.

Además los Peirano solicitan que se repare “la gravísima violación a los derechos humanos” que les provocó el proceso penal.

Los hermanos sostuvieron que la sentencia “adolece de nulidad absoluta, en tanto acto procesal que pone ‘fin’ a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.