Redacción El País
Luego de que seis personas fueran imputadas por el delito de trata de personas en Artigas, la Fiscalía General de la Nación divulgó parte de la investigación en un documento donde constan algunos de los hitos que componen la cruel historia de explotación laboral en una mina de extracción de piedras.

Las víctimas en principio son todas de Venezuela, adultas y de variada edad: hay desde jóvenes veinteañeros a personas de más de 50. Según se desprende de la investigación, "vinieron a Uruguay por haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta laboral". Esta oferta la hizo una de las imputadas, una psicóloga de la empresa en cuestión.

Una de las víctimas, por ejemplo, envió su currículum y la mujer le pidió que se consiguiera un equipo de trabajo para viajar y trabajar en la ciudad de Artigas, en una cantera de piedras semipreciosas.

Otros imputados se contactaron con otras víctimas, todas de Venezuela, por videollamada y les hicieron una oferta de trabajo. "Se les ofreció alojamiento, comida, seguro médico y WiFi. Se les ofreció la suma de un sueldo base de US$ 250 o US$ 500, según la tarea a desempeñar, más bonos por producción, horas extras, bonos por buena convivencia con el grupo, bonos por mantenimiento y cuidado de las máquinas, todo lo cual alcanzaría la suma de US$ 1.500 a US$ 2.000 por mes. El régimen sería de lunes a viernes, ocho horas diarias", indica la resolución de la fiscal Sabrina Massaferro.

Los migrantes engañados aceptaron la propuesta debido a la crisis económica que atravesaban y partieron en un ómnibus el 9 de enero desde Anaco, una ciudad situada al norte de Venezuela, hacia Santa Elena, limítrofe con Brasil. Cruzaron la frontera y, después de cuatro escalas, llegaron a San Pablo, donde tomaron un avión hacia Montevideo.

Foto: Estefanía Leal

Todos los pasajes los pagó una de las víctimas con dinero que le envió uno de los victimarios.

En el aeropuerto los esperaron algunos representantes de la empresa, entre ellos una abogada que este fin de semana se conoció que era funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional y actualmente ocupaba el cargo de jefa interina de la sección notarial.

Dice el documento que "los llevaron a comer en un club de pesca y posteriormente a la terminal Tres Cruces" para viajar a Artigas. Las víctimas fueron alojadas en la cantera, y el 15 de enero les retuvieron los documentos. "Cada vez que reclamaban, les decían que estaban en otro lugar, o que estaban en Montevideo o en una chacra o en una caja fuerte reteniéndolos por aproximadamente un mes", apunta el escrito. La abogada "les hizo firmar una declaración jurada y los contratos debieron firmarlos sin previa lectura".

La explotación laboral comenzó en las primeras jornadas, "ya que debían trabajar 12 horas por día en la cantera de piedras y se les abonaría un sueldo de US$ 250 dólares". "Tres de las víctimas se retiraron inmediatamente al advertir la situación", describe la investigación.

Foto: Darwin Borrelli/El País.

El 31 de enero les informaron a los que quedaban cuánto les iban a pagar y los descuentos que les harían a cada uno: "Por la primera quincena trabajada les abonaron la suma de aproximadamente US$ 180 dólares; les descontaron seguro, comida y WiFi.

Los trabajadores comenzaron a reclamar y la empresa decidió enviar a otras ciudades a quienes se quejaban. A una de las víctimas la enviaron el 6 de febrero a San Pablo, donde actualmente duerme en un centro de acogida y recibe asistencia del Estado. Otros fueron enviados a Curitiba, y permanecen allí hasta hoy sin recursos.

A quienes quedaron en la cantera se les cortó el WiFi. Uno de ellos quiso salir de la ciudad el 10 de febrero pero algunos de los imputados se lo impidieron. Una mujer amenazó con irse y fue trasladada a la ciudad de Quaraí, donde quedó sin dinero. Otro de los trabajadores intentó ir con ella, pero se lo impidieron.

Un audio entre una víctima y uno de los imputados es citado por el documento fiscal: "No nos vayas a dejar aquí, por favor, no vayas a dejarme, te lo pido, no me vayas a dejar aquí, por favor, no nos dejes aquí, por favor, ya no aguanto más".

Pero el 7 de febrero llegaron más personas de Venezuela, y el 13 arribó otro grupo. Hasta que en uno de los viajes, los explotadores fueron detenidos.

Según Massaferro, "los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral, que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana".