El secuestro en Buenos Aires de Gabriela Schroeder (52), cuando apenas tenía cuatro años por parte de militares uruguayos, fue el puntapié de lo que hoy es la megacausa que lleva adelante el fiscal de delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.
El padre de Gabriela, Gabriel Schroeder Orozco, que integraba el Movimiento de Liberación Nacional en aquel entonces, fue ultimado el 14 de abril de 1972 durante un operativo militar realizado en la calle Pérez Gomar del barrio Buceo. Ese mismo día, casi en forma simultánea, se realizó otro operativo en la calle Amazonas del barrio Malvín, donde fue asesinado un matrimonio y fueron capturados Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. Ambas actuaciones militares respondieron a un ataque tupamaro realizado horas antes que produjeron seis muertos en filas castrenses.
Al día siguiente, la madre de Schroeder, Rosario Barredo Longo, fue detenida. Estaba embarazada. Gabriela nació en el Hospital Militar el 24 de abril de 1972. Después de ahí, estuvo junto con su madre en Cárcel Central.
Rosario Barredo y Gabriela salieron de Cárcel Central en diciembre de 1972. La madre llevó a su bebé a Chile con la esperanza de huir de la dictadura militar. Sin embargo, el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado. Rosario y Gabriela partieron hacia Argentina con la esperanza de encontrar un lugar donde vivir en democracia.
Rosario Barredo no podía saber que se estaba gestando el “Plan Cóndor” y que Argentina tampoco era un lugar seguro para ella y su pequeña hija. Otros uruguayos realizaron el mismo recorrido.
En Buenos Aires, Rosario Barredo conoció a William Whitelaw, quien fue su pareja, y tuvieron dos hijos. Whitelaw y Barredo renunciaron a la lucha armada promovida por el MLN en aquel entonces y trataron de impulsar la democracia a través de la militancia política. En 1974 fundaron un movimiento que se llamó “Nuevo Tiempo”.
El 13 de mayo de 1976, los militares golpearon la puerta de su casa. “Ahí nos secuestraron a todos. A mi mamá, a William, a mis hermanos y a mí”, recuerda Gabriela Schroeder, entonces de cuatro años.
El episodio fue violento. Los militares irrumpieron en su casa. Su madre la vistió y trató de que la niña no se asustara: “Unos amigos vinieron a buscarnos”. Fueron llevadas en un centro clandestino de reclusión y tortura en Buenos Aires.
Los cadáveres de Barredo y Whitelaw aparecieron en un vehículo abandonado, junto con los de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Gabriela quedó en manos de sus captores. “Trataron de apropiarse de mí, porque me llevaron a distintas casas de familia. A una niña de cuatro años está difícil borrarle la memoria. (…). Preguntaba dónde estaba mi madre y se me respondía. Sabía que me estaban mintiendo. Salté de familia en familia”, relata.
En el ínterin, el abuelo de la niña, Juan Pablo Schroeder, en la época un prestigioso abogado, empezó una intensa búsqueda en Buenos Aires para encontrar a sus nietos desaparecidos. La angustia generada por la búsqueda le provocó un derrame cerebral cinco años más tarde después del reencuentro.
Ya mayor, Schroeder denunció su secuestro y el intento de apropiación por parte de militares y civiles cuando era apenas una niña. En 2020 elaboró un plano detallado de donde estuvo detenida su madre cuando ella era pequeña. El plano coincidía con los realizados por otras personas que estuvieron detenidas allí.
-Pero, ¿ese plano que usted entregó fue hecho acá o en Argentina?
-Fue elaborado acá. Estamos hablando de 2020, en plena pandemia. O sea, testifiqué por Zoom ante el fiscal (Ricardo) Perciballe. (...) Yo denuncié que fui secuestrada. Porque me parecía muy importante empezar a visibilizar ese tema. Ello ocurrió con muchos niños. Nosotros fuimos víctimas. A nosotros nos secuestraron. Trataron de apropiarse de nosotros, a nosotros nos usaron como instrumentos de tortura para nuestros padres. Y eso me parece demasiado importante de decir. El Estado no nos protegió. Y nos siguió sin proteger en la medida de que nos negaron justicia también durante mucho tiempo.
-¿La causa de los derechos humanos comenzó con su denuncia?
-La Fiscalía de Perciballe no tenía mucho tiempo de funcionamiento cuando me presenté yo. Después concurrió la familia de Benjamín Liberoff. Luego denunciaron las familias de (Zelmar) Michelini y de (Héctor) Gutiérrez Ruiz. Y después el fiscal unió todas las causas que tienen como un operativo común. Trató de atar cabos y entonces se genera esto que él mismo denomina como la megacausa.
-Me imagino que ese transitar judicial le provocó dolor. ¿Es así?
-Es sanador también. Al mismo tiempo yo empecé el proceso de trabajo con el libro (“El Mundo Nuevo”) que fueron cuatro años de investigación junto con el historiador español Ignacio Ampudia. (...) Esta causa por suerte me trasciende absolutamente porque puse la semillita y ahora es un bosque.
-¿Qué sintió cuando tuvo un cara a cara con los entonces denunciados en la primera audiencia?
-Esa audiencia fue muy cargada de emociones. Es difícil de describir. Pensamos “estamos acá, lo logramos, llegamos a esto, vamos avanzando y hay un poco más de justicia”. Como que van a tener que rendir cuentas. Entonces eso es muy fuerte. Obviamente que por momentos y cuando se vuelven a relatar los hechos se nos contrae el estómago.
-¿Alguna vez se preguntó por qué sus padres no eligieron otro camino político?
-Mil veces me lo pregunté. Y me pregunté también mil veces, ¿por qué mi mamá, después de ya lo que había pasado, no perseveró y vio lo que iba a ocurrir? Por ejemplo, el ‘Toba’ (el entonces diputado Héctor Gutiérrez Ruiz) pensaba que no le iba a pasar nada porque era legislador y él seguía también una lucha. Tenía la visión de que no, de que lo iban a lograr, de que iban a lograr de nuevo la democracia y que (los partidos políticos) iban a volver. Hay muchas preguntas. La mayoría de ellas no tienen respuesta porque los únicos que las pueden dar son los que no están.
Ayer siguieron audiencias de control de acusación fiscal
Ayer continuaron las audiencias de control de acusación del fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, contra tres retirados militares y policiales por homicidios especialmente agravados, desaparición forzada y reiterados delitos de privación de libertad contra detenidos, entre otros.
En agosto de 2022 la Justicia había formalizado la investigación contra Ricardo Arab por un total de 12 delitos de homicidio y dos desaparición forzada. Entonces se imputó también a Ernesto Ramas (fallecido en diciembre de 2022), Jorge Silveira y Ricardo Medina por varios delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Entre otras causas que pesan sobre Arab, el militar retirado fue procesado con prisión en noviembre de 2023 por ser identificado como uno de los responsables del asesinato múltiple ocurrido en 1974, conocido como el caso de los “Fusilados de Soca”. Por su parte, Medina es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelman. Fue inicialmente policía de la guardia de Granaderos y se integró a la operativa de inteligencia en la dictadura.