BOLSA DE VALORES

La inversionista de Bolsa Sara Goldring declaró ayer en la Fiscalía tras ser denunciada por generar pérdidas superiores a los US$ 100 millones a unos 400 clientes en inversiones de alto riesgo en la Bolsa de Valores y luego no informar a los damnificados sobre esos perjuicios.

Según supo El País, Goldring confesó en la audiencia que dio órdenes a los funcionarios de sus dos empresas -Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S. A. y United Brokers S. A. Agente de Valores- para que no brinden información real a los clientes sobre los quebrantos sufridos por inversiones de alto riesgo.

La intención, dijo Goldring al fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, era evitar “una corrida” de los inversionistas en un intento de recuperar algo de su capital.

Goldring señaló al fiscal que, en ese marco, todos los funcionarios de sus empresas se beneficiaron sacando sus inversiones, las de sus familiares y amigos antes del colapso financiero de las dos empresas. Y, además, brindó nombres en la Fiscalía de los funcionarios que se aprovecharon por tener información interna privilegiada.

Según la empresa, las pérdidas se debieron a inversiones en “opciones put”. Una “opción put” es un contrato que le da al comprador el derecho, pero no la obligación de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento estipulada.

Otro participante de la audiencia señaló a El País que Goldring reafirmó que ni ella ni nadie de su familia sacó dinero de las dos firmas.

La empresaria expresó que puso aproximadamente US$ 30 millones de su patrimonio para detener las pérdidas con la esperanza de que las acciones volvieran a subir, pero ello no ocurrió.

Luego Goldring, agregó la fuente, informó a la Fiscalía sobre todas sus cuentas bancarias, las empresas que posee y le pidió a Rodríguez que revisara la documentación para comprobar que no se llevó dinero de sus clientes sino que perdió gran parte de su patrimonio.

El pasado martes, los gerentes de la asesoría jurídica del Banco Central del Uruguay Daniel Artecona y Viviana Pérez ratificaron y explayaron los fundamentos de las resoluciones 151 y 187 de 2022 del BCU, que establecieron la intervención de las empresas de Goldring. Ambas resoluciones, según los jerarcas, exponen a los denunciados -Sara Goldring y uno de sus hijos- a ser sometidos a proceso penal. Y destacaron que los denunciados violaron el consentimiento informado que se debe tener para con sus clientes, ya que “maquillaron” números mostrando un saldo total a los clientes de unos US$ 59 millones siendo que en realidad había menos de US$ 20 millones.

Los estados de cuenta de los clientes no reflejaban su verdadera situación financiera, afirmaron Artecona y Pérez en la Fiscalía.

A juicio de los denunciantes, las empresas de Goldring distribuyeron las pérdidas generadas globalmente de “manera ilícita” y “violando” las reglas básicas de las materias operativas y todo a espaldas de los inversionistas. Y agregaron que los directores de Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. y de United Brokers S.A Agente de Valores denunciados utilizaban valores de clientes para temas ajenos a lo estipulado por contrato como, por ejemplo, soportar y sanear garantías y también para cubrir las pérdidas de las operaciones, hechos expresamente prohibidos por la normativa vigente.

Los denunciantes afirmaron que personas vinculadas a Goldring ingresaron a las oficinas intervenidas por el BCU en forma clandestina motivando una nueva denuncia en agosto de 2022.

“Quedó también demostrado que familiares directos de Goldring vaciaron cuentas en beneficio exclusivo y discrecional de ellos mismos”, señala la denuncia.

A juicio de los denunciantes, hay suficientes pruebas para iniciar un proceso penal.

En la audiencia, el fiscal Rodríguez expresó que quiere agotar más la investigación por que ese es su estilo y entendió que faltaban más elementos de pruebas antes de solicitar la formalización de los denunciados.