UN CASO INÉDITO

A más de dos años de la ocupación de la planta de panificados congelados Friopan por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, la investigación entrará hoy en su etapa final.

A partir de las 12:30 horas comenzará la audiencia de formalización de la investigación contra nueve personas -de un total de 33- que entre el 24 y el 28 de mayo de 2019 ocuparon la planta de Friopan en el marco de una protesta sindical y generaron daños millonarios para la empresa.

El 24 de mayo y como consecuencia de versiones que hablaban de que la empresa había adquirido nueva maquinaria y que por ende se iban a perder puestos de trabajo, el sindicato de trabajadores de Friopan decidió ocupar la planta. Cuando cuatro días después la medida gremial se levantó, los propietarios de la empresa de congelados se encontraron con productos en estado de putrefacción lo que implicó, según advirtieron, pérdidas millonarias.

A partir de ese momento comenzó una lucha legal en la que los dueños de la empresa denunciaron penalmente a los trabajadores que estuvieron hasta el día 28 de mayo dentro de la planta. Los propietarios entregaron a la Fiscalía las filmaciones de lo ocurrido durante los cuatro días de ocupación para que la Justicia determinara responsabilidades.

El caso cayó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 3er Turno, Silvia Pérez, y luego de un año de indagatoria se decidió archivar la causa.

Sin embargo, los abogados de la empresa, Andrés Ojeda y Fernando Posada, pidieron un reexamen que se les concedió en febrero pasado. La investigación derivó en el entonces fiscal de Flagrancia de 2º Turno, Carlos Negro, hoy en la fiscalía especializada en Homicidios.

Negro, según indicaron fuentes de la investigación a El País, decidió solicitar la formalización de una investigación penal contra nueve de las personas que estuvieron ocupando la planta durante cuatro días.

El representante del ministerio público entendió que los trabajadores sindicalizados cometieron un delito de daño especialmente agravado. Una vez dentro de la planta omitieron, al entender de la Fiscalía, tomar recaudos para preservar la gran cantidad de mercadería que se estaba produciendo y que había en las máquinas.

Según la denuncia presentada por Ojeda y Posada, una escribana realizó un estimado de la pérdida que sufrió la elaboradora de panificados congelado y llegó a la cifra de $ 940.881. Además, según habían señalado sus dueños a El País, también perdieron clientes porque la empresa no pudo cumplir con los pedidos.

Para el fiscal Negro estos nueve trabajadores que participaron de la ocupación dañaron dolosamente la mercadería de la empresa, por lo cual la Fiscalía solicitará hoy el inicio de una investigación penal. Se trata de un hecho inédito en la historia de las ocupaciones por medidas sindicales.

Luego de conocerse a finales de abril de que la Fiscalía solicitaría a la Justicia que se imputase a los trabajadores, el Pit-Cnt emitió un comunicado rechazando el pedido de formalización y catalogando el hecho como “un nuevo intento de judicializar la negociación colectiva”.

Hoy se conocerá si la Justicia procesa a los trabajadores y de ser así cuáles serán las penas que se establezcan.