Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar una investigación administrativa tras la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, al que se le concedió la prisión domiciliaria el pasado 31 de mayo, pero rompió su tobillera electrónica y hoy está prófugo.
Según consta en el expediente al que accedió El País, la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, fue inducida a error por informes médicos y documentos del Instituto Técnico Forense (ITF) supuestamente apócrifos y que carecían de firmas.
Esos documentos fueron presentados por la entonces abogada defensora de González Bica, Mercedes Acosta.
La profesional elevó a la jueza Mainard una petición por escrito de prisión domiciliaria para González Bica, quien había sido encarcelado en el Penal de Libertad en el marco de una incautación de 400 kilos de drogas en la “Operación Pitágoras”.
La intención de la SCJ es determinar si ante lo ocurrido existe la posibilidad de que haya responsabilidades que investigar.
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