Redacción El País
El juez de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Javier Gandini, condenó al Poder Judicial y al Ministerio del Interior a pagar a la familia del preso Marcelo “el Pelado” Roldán US$ 150.000 más intereses y reajustes por su muerte en prisión en 2018. Esa cifra oscilará en unos US$ 200.000, unos $ 8 millones al tipo de cambio actual, según estimó el abogado de la madre de Roldán, Marcos Pacheco.

Junto con la abogada Mariana de León, Pacheco entabló una demanda civil contra el Estado en representación de la madre de Roldán, Cristina J. En el escrito se reclamó una indemnización de US$ 300.000 por la muerte del preso.

El matador de Roldán fue su compañero de celda, Víctor Hugo Pereyra Da Silva, un individuo que purgaba una pena por homicidio, extorsión, tráfico de drogas y sufría problemas psiquiátricos, según consta en el fallo de Gandini.

La demanda señaló que Interior cometió “falta grave” por no garantizar la vida de Roldán, por fallar en la clasificación de los presos y por agrupar a reclusos peligrosos. “No es aceptable que los reclusos tengan este tipo de ‘cortes carcelarios’ que luego son usados en enfrentamientos con sus pares o con las autoridades”, agrega el escrito. El Poder Judicial y el Ministerio del Interior entendieron que la madre de Roldán no tenía legitimidad para iniciar el juicio porque no figuraba como progenitora del preso ultimado.

Gandini desestimó ese argumento al sostener que “surge acreditado” que Cristina J. era la madre biológica de Roldán, al cual no pudo reconocer en el momento del nacimiento porque estaba casada. En esos años, señaló el juez, “era notorio” que en la fecha de nacimiento de Roldán (2 de julio de 1974) la legislación no permitía reconocer hijos fuera del matrimonio. Ello fue modificado por el Código de la Niñez en 2004.

En su fallo, Gandini entendió que existió “omisión” de la cartera en la custodia y para mantener la integridad de la víctima que se encontraba recluida en una cárcel, lo que es un presupuesto necesario para “el nacimiento de la obligación de reparar” el daño.