Ante un daño irreparable, la ley prevé que con 12 salarios del condenado o, en su defecto, 12 salarios mínimos, quien haya sido condenado por un delito relacionado a la violencia de género, haga lo suyo para intentar reparar a la víctima. La ley habla de “sanción pecuniaria”. Pero la reparación está lejos de la realidad: son pocas las víctimas que logran cobrarlo y quedan en la mira de quienes dicen que denunciaron buscando un provecho económico.

Más allá de que hay visiones contrarias a este artículo desde ciertos sectores del ámbito judicial y político -como es el caso de Gustavo Zubía, quien dijo en Sarandí que es darle “un trofeo económico a la víctima”-, lo cierto es que se encuentra vigente en el artículo 80 de la ley 19.580 contra la violencia de género. A su vez, fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia cuando los defensores de la Operación Océano interpusieron un recurso de inconstitucionalidad.

Con distintos argumentos, lo declararon constitucional, pero el que recogió más adhesiones fue el de la ministra Bernadette Minvielle, quien señaló que el legislador entendió que los grupos afectados en la ley de género “no se encuentra en pie de igualdad con los hombres a la hora de erradicar la violencia”.

Aunque para el director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Derecho, Juan Raúl Williman, “la posibilidad de que se efectivice el cobro es la excepción a la regla”.

En los últimos casos de trascendencia pública, según reconstruyó El País, se logró en una ínfima minoría de los cobros dispuestos por la Justicia. De nueve acuerdos abreviados suscriptos en el marco de la Operación Océano, “solo dos o tres” cobraron -señalaron fuentes de la causa- y por los condenados del caso Penadés, todavía no cobró ninguno. Son seis los condenados que deben pagar y solo uno de ellos está próximo a acordar un plan de pago.

Foto: Leonardo Mainé

Una cámara profesional que sacaba fotos al edificio donde vivía, pese a que no había ningún apartamento en alquiler. La Policía todo el tiempo en la puerta, cuando no los había visto en un año que hacía que vivía allí. Los relatos son de la víctima B del caso Penadés, quien narró a El País que desde que comenzó a develarse “la trama” que existía para beneficiar al exsenador, su vida es un calvario.

Ambas escenas son las que la víctima dijo vivir meses atrás, una vez aportó su testimonio a la Justicia y la Fiscalía avanzó en la investigación.

Él había contado hace casi un año a El Observador lo duro que fue denunciar un abuso que vivió hace más de 20 años y compartirlo con gente cercana. Pero a eso, se le sumó una “paranoia” tremenda que terminó generando que le pidiera a su esposa y su hija que se fueran a vivir a otro lado. Después dejó su apartamento y su trabajo.

“Pueden decir ‘debiste seguir trabajando’... Pero la salud mental, lo que me sucedió fue tan... No puedo, sabés. Quise seguir trabajado y en aquel momento era como que me estresaba que mis propios jefes me hablaran. Cualquier cosa lo tomaba muy a la defensiva. Estaba todo el tiempo asustado”, relató.

A partir de ahí, pasó necesidad y terminó durmiendo en la calle. Era el único lugar donde se sentía “seguro”, porque sentía que podía disimular bien quién era.

Ahora, transitoriamente tiene lugar dónde dormir y aunque busca trabajo, sabe que no puede tomar ninguno en el que haya que estar “conectado 100%”. Pese al paso de los meses, la paranoia persiste.

A su vez, le entristece aún no poder acceder a la reparación económica y lo siente como una “burla”. A él le corresponde únicamente por la condena a Carlos Taroco (el último en firmar), pero tiene presente que a muchas otras víctimas les corresponde por el resto de los condenados, que firmaron hace cinco meses.

“Yo no estoy pudiendo criar a mi hija porque no tengo recursos. Estoy muy débil. Es complicado. El día de cumpleaños de mi hija no tenía nada. No tenía trabajo, nada... Y que todavía no haya una reparación real… Yo en su momento jamás creí que me iba a afectar tanto. Perdí meses y ese tiempo no vuelve”, lamentó.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais