La Suprema Corte de Justicia confirmó la formalización de un funcionario policial por un delito de contrabando. Un Tribunal había revocado la decisión del juez de primera instancia, pero la Corte volvió a inclinarse a favor del pedido fiscal. El hombre había sido detenido con una gran cantidad de paquetes con cajillas de cigarrillos. La mercadería fue valuada en $ 300.000.

Casi un año después se confirmó la formalización solicitada por la Fiscalía Departamental de Canelones de 2º Turno por la presunta comisión de un delito de contrabando especialmente agravado en calidad de autor.

El 8 de mayo de 2024, sobre las 10 horas, policías del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) estaban realizando tareas en un puesto de control en Canelones cuando vieron como un auto oscuro se detuvo antes de llegar hasta ellos, y tomó un camino con el objetivo de evadirlos, pese a las luces y señales que marcaban el lugar.

Este tipo de controles son habituales y se realizan en el marco de operativos de la Dirección Nacional de Aduanas para "fortalecer la seguridad en las carreteras y la lucha contra el contrabando", según se señala en la página web del Ministerio del Interior.

Tras una persecución consiguieron interceptar al vehículo, en el que iba el funcionario policial —ahora imputado— como acompañante; quien conducía era un hombre. Debido a la actitud sumamente sospechosa, se realizó una inspección y se encontraron las cajas de cigarrillos sin documentación de compra.

El ahora imputado se hizo responsable de la mercadería y dijo haberla comprado en el Bagashopping de Salto, con el objetivo de entregarla luego a un comprador de Canelones. El auto era también de su propiedad.

Se incautaron los celulares y así es que se pudo saber que había pagado $ 240.000 por la mercadería, que luego sería vendida en $ 305.000. Una tercera persona fue quien se encargó de retirar los paquetes de cigarrillos y de esconderlos en el vehículo.

Además, la apertura de los teléfonos permitió a los investigadores llegar a mensajes entre el policía imputado y algunos de sus clientes. "¿Dónde estás así te llevo los dos Johnny (..) Dale loco, yo me voy para Gualeguaychú, te lo lleva la patrona ahora cuando lleguemos", decía uno de los mensajes.

“Qué haces sinvergüenza... capaz que la semana que viene voy a buscar bagayo (...) Te aviso si quieres ir conmigo para achicar costos, bo (...) Capaz consigo una camioneta para ir así se puede cargar más", escribió a otra persona.

Gracias a estos y otros mensajes, Fiscalía pudo llegar a la hipótesis de que el policía se dedicaba a contrabandear bebidas alcohólicas y cigarrillos para venderlos en Mercedes —su ciudad—, pero también en otras partes del país.

Si bien en primera instancia el juez admitió la formalización solicitada por la fiscal, la defensa apeló y el Tribunal de Apelaciones Penal de 1^er Turno revocó la resolución.

"En la plataforma fáctica relacionada en la solicitud de formalización, no se alega que haya sido el imputado quien ingresó esa mercadería al país de alguna de las formas previstas en el art. 209 del Código Aduanero", expresó el Tribunal en una sentencia a la que accedió El País.

Este artículo dice: "Configura la infracción aduanera de contrabando toda acción que tenga por objeto la entrada o salida de mercadería del territorio aduanero, en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente, que esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación definitivas de determinadas mercaderías que establezcan leyes y reglamentos especiales aún no aduaneros".

Partiendo de esa base, dos de los ministros entendieron que la evidencia no permitía demostrar que la mercadería fue comprada afuera del país, por lo que no se configuraría un delito de contrabando. El restante integrante del Tribunal no estuvo de acuerdo.

Recientemente el caso tuvo un nuevo giro, ya que luego de un recurso de casación presentado por Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la revocación del Tribunal, confirmando así la formalización.

Si bien la defensa del policía alegó que existió legalidad en el actuar del funcionario, los mensajes en su teléfono, junto al resto de elementos presentados por Fiscalía, hicieron que los ministros se decantaran a favor del Ministerio Público.

"Sería excesivo que no se pudiera continuar investigando a un funcionario policial que llevaba cigarrillos de procedencia extranjera sin el comprobante de compra o cualquier documento que acredite su ingreso lícito al territorio nacional. Además, el imputado procuró evadir el control policial y tiene mensajes reconociendo que va a Gualeguaychú a buscar contrabando", dice la sentencia, en la que además se definió el planteo de la fiscal como suficiente.