Larrarte a prisión: qué dijeron los abogados y qué puede significar en los otros casos sobre fondos ganaderos

Redacción El País
Tras la caída de Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera -en ese orden-, los fondos ganaderos quedaron en la mira de la Justicia y otras instituciones públicas, como el Banco Central y la Secretaría Antilavado. Como las investigaciones de delitos económicos son complejas, suelen llevar más tiempo que otros casos, pero el de Larrarte es el primero que llega a una imputación judicial. ¿Lo que ocurrió en este caso es sintomático de lo que puede pasar en el resto?

Es inusual que en este tipo de delitos se pida por parte de la Fiscalía la prisión preventiva. Suele considerarse que, con el imputado en libertad o arresto domiciliario, no hay riesgo de que la persona entorpezca el proceso -generalmente cuando piden la imputación el caso ya está más que avanzado- o puedan fugarse. Sin embargo, Rosas y López consideraron que la medida era necesaria porque Larrarte cuenta con las condiciones para fugarse -barajan la posibilidad de que todavía tenga mucho dinero disponible para su uso- y, además, vive a 40 kilómetros de la frontera, en un establecimiento rural en Rivera. También argumentaron que, para realizar la estafa, se valió de medios tecnológicos y en su domicilio podría seguir utilizándolos.

La jueza que está a cargo del caso en esta etapa, Marcela Vargas, entendió que el riesgo de fuga era “palmario”. “Usted se puede perfectamente ir, además que lo puede ayudar gente, porque el dinero compra desgraciadamente a muchas personas”, le dijo. Hizo hincapié también en la magnitud de la maniobra y la cantidad de damnificados.

¿Podría aplicarse lo mismo a otros casos? Cada expediente es particular. No todos los casos los investiga la misma fiscalía -eso podría traer diferencias de criterios o estrategias-, las defensas de los imputados son distintas y aunque las maniobras por los fondos ganaderos pueden aparentar ser similares, cada una tiene sus vicisitudes particulares.

Foto: Francisco Flores

Pero aunque eso sea así, el fantasma de los otros casos, en algunos momentos, sobrevoló la audiencia. Por ejemplo, los abogados de los damnificados buscaron ser coherentes con sus actitudes públicas. Especialmente porque algunos se repiten en otros casos. Santiago Alonso dijo que cometería un “sincericidio” y, pese a representar víctimas, resaltó que él siempre ha sostenido que la prisión preventiva debe ser excepcional. Pese a eso, señaló, la jurisprudencia no lo considera de esa forma y se alineó con el pedido fiscal porque así se lo requirieron sus clientes.

Jorge Barrera defiende a damnificados del Grupo Larrarte, pero en Conexión Ganadera es el abogado del director Pablo Carrasco. Cuando la jueza Vargas le pidió opinión, se limitó a decir que no lo haría porque la potestad de pedir medidas cautelares es únicamente de la Fiscalía. La víctima es tan solo un tercero coadyuvante, dijo. Es decir, no ahondó sobre el fondo del asunto.

Aunque el abogado de Larrarte, Enrique Moller, se opuso a la solicitud de prisión, una vez que Vargas la dispuso, no presentó recurso de apelación, por lo que el imputado estará recluido preventivamente por 120 días.

Foto: Leonardo Mainé

En el caso de Conexión Ganadera, aún falta para que se cite a audiencia de formalización y una vez que eso ocurra, recién ahí pueden solicitarse las medidas cautelares. Así se los transmitió el fiscal Enrique Rodríguez a los abogados de los damnificados en una reunión el viernes pasado. Según reconstruyó El País, les advirtió que pretende pedir la imputación una vez que tenga certezas sobre la cantidad de animales que poseían y el destino del dinero.

Afirmó que aunque por el momento hay “indicios fuertes”, pretende llevar a la Justicia el caso cuando esté realmente sólido. En ese caso, la que dirimirá si imputa a Carrasco o no es la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera. Depende del fiscal si, además, solicita medidas cautelares. Al momento, el exdirector de Conexión Ganadera, cuenta con medidas limitativas como es la imposibilidad de salir del país.