INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La llamada duró 71 segundos. De un lado de la línea estaba una mujer que había sido víctima de un hurto. Del otro, una jueza. El contacto telefónico no era para averiguar sobre el delito que se había denunciado, ni tampoco para informar sobre el avance del caso. Nada tenía que ver con eso. Pero esa llamada fue el puntapié inicial de una investigación contra la magistrada. Ahora bien: ¿Por qué a raíz de ese contacto telefónico la Fiscalía solicitará a la Justicia que impute a una jueza?.

El paso a paso

Cerca del mediodía del pasado 25 de febrero una mujer de 47 años cuidaba a su esposo en el hospital de Rivera. En determinado momento, acompañó a su pareja al baño para ayudarlo a ducharse. Cuando regresaron a la habitación se dieron cuenta de dos cosas: la primera, que el paciente internado al lado de ellos ya no se encontraba en la habitación y la segunda, que tampoco estaban el celular de la mujer ni las llaves de su camioneta.

El paciente que se fugó tenía siete antecedentes penales, indicaron fuentes de la investigación a El País. El último, por el cual estuvo preso, había sido por receptación en agosto de 2008.

La Policía de Rivera comenzó a investigar al hombre para detenerlo. En la indagatoria, los efectivos constataron otros dos hurtos similares al que ocurrió dentro del hospital. El 2 de marzo una enfermera del mismo centro asistencial denunció que el 22 de febrero había dejado el celular arriba de una mesa y desapareció. Dos días después, otra persona aseguró que cuando fue a un comercio, ubicado en el barrio Saavedra de Rivera, un hombre le hurtó el teléfono de arriba del mostrador del local.

En los tres hechos, la Policía contó con registros de cámaras y logró identificar al delincuente. Esta persona era pareja de la jueza letrada de 6ª Turno de Rivera y vivía con ella en un apartamento ubicado en el piso de arriba de la sede judicial.

La víctima del primer hurto -la mujer a la cual el paciente le robó el celular y las llaves de la camioneta- hizo otra denuncia más: una amenaza a través de una llamada telefónica que duró 71 segundos.

La mujer declaró ante la Policía que la tarde en la que ocurrió el hurto, una persona la llamó por teléfono y le dijo que no denunciara lo sucedido. Según su relato, la persona que se comunicó con ella se presentó como la madre del delincuente que le había robado el celular y agregó que tenía “influencia” sobre la Policía, ya que trabajaba en el Poder Judicial.

Los efectivos lograron determinar que la llamada que recibió la víctima había sido realizada desde el celular de la magistrada letrada de 6º Turno de Rivera y así se inició la investigación.

Se dispuso el allanamiento del departamento de la jueza para detener a su pareja por los tres robos. El hombre fue formalizado por los hurtos y por “daños agravados” dentro del juzgado constatados durante el procedimiento policial. Según explicaron a El País fuentes de la investigación, se podría agregar al caso más denuncias en contra del imputado, que surgieron recientemente por hurtos similiares.

El 3 de mayo, El Observador informó que la fiscal Stella Alciaturi, a cargo de la investigación, iba a solicitar la imputación de la jueza por abuso de funciones, al intentar proteger a su marido. Fuentes del caso informaron a El País que se había fijado una audiencia de formalización para el próximo martes 11, pero se suspendió. Esto, porque la defensa de la magistrada solicitó recusar a los jueces.

La defensa de la jueza alegó que “podría haber imparcialidad en el caso”, dado que los magistrados conocían a la jueza. Ahora, resta esperar que el trámite avance para conocer la fecha en que Alciaturi pedirá que la imputen a la magistrada de Rivera.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un procedimiento disciplinario a la jueza Letrada de Rivera de 6º Turno "suspendiéndola en el ejercicio de su cargo y ordenando la retención de la mitad de su sueldo por el plazo de seis meses", informó en un comunicado.

El máximo órgano judicial recibió, además, una denuncia del Colegio de Abogados de Rivera respecto al funcionamiento del dicho juzgado, donde se señaló "la suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias".

El Poder Judicial identificó que "diversos equipos informáticos” del juzgado fueron vandalizados, verificándose la falta de memorias y discos. Estos últimos hechos se le atribuyeron a la pareja de la jueza que tenía las llaves de la sede judicial y en, al menos dos ocasiones, se probó que entró al lugar.

La Suprema Corte entendió que existen elementos suficientes para afirmar que “la señora magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones” y aseguró que surgen pruebas que “aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la doctora de sus obligaciones como magistrada”. Citan como ejemplo “suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias”. Luego de la investigación administrativa, la Corte se expedirá sobre el caso.