Cuando Sebastián Marset cayó preso en Emiratos Árabes Unidos por haber ingresado con un pasaporte paraguayo falso, su familia estaba ansiosa porque pudiera obtener el uruguayo. Para eso, hicieron una serie de gestiones, que incluyó intensas comunicaciones con la entonces cónsul uruguaya en ese país, Fiorella Prado, y una pata en Uruguay –que llevó su abogado Alejandro Balbi– para poder conseguirlo con la mayor celeridad posible. Eso, porque entendían que podía significar su liberación. Pese a las especulaciones sobre presuntas ilegalidades en la forma en la que se obtuvo, el fiscal Alejandro Machado lo descartó.

En su dictamen de archivo, el fiscal analizó una a una todas las etapas de la expedición del pasaporte. El consulado uruguayo le emitió una nota a Marset que decía que estaba en condiciones de gestionar su pasaporte uruguayo –lo que, creían, le serviría para probar ante el tribunal emiratí que no tenía motivos para usar uno falso de otra nacionalidad– y luego, a su pedido, se comenzó a tramitar la obtención del pasaporte en sí mismo.

El desafío era que lograran que el pasaporte viajara en la valija diplomática que Balbi estimaba saldría el 25 de noviembre de 2021. Sin embargo, la valija partió el 24 y finalmente el pasaporte fue entregado en Uruguay a Carlos Balbi (también abogado y hermano de Alejandro) quien se lo dio al hermano de Marset, Diego Marset, que debió viajar a Montevideo a buscarlo expresamente.

Para lograr que llegara a viajar en la valija diplomática, Balbi le pidió al subdirector de Identificación Civil que “adelantara” la emisión del Certificado de Antecedentes Judiciales de Marset, pero esto finalmente no tuvo ningún impacto porque la fecha de salida de la valija no era la correcta.

La Fiscalía, sin embargo, continuará investigando la denuncia realizada por la ex vicecanciller Carolina Ache, quien afirmó que presentó chats que mantuvo con el entonces subsecretario de Interior, Guillermo Maciel protocolizados en la investigación administrativa en el ministerio y que ello llegó a manos del asesor presidencial Roberto Lafluf, a quien acusó de haberlos destruido.

El fiscal comenzó por dejar en claro que la persona que más relación tuvo con la familia Marset, la cónsul Prado, siempre dio cuenta de todo lo que sucedía a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del “Ministerio de Relaciones Exteriores mediante mensajes oficiales, tal como correspondía”. Citó varios correos en los que ella pedía instrucciones sobre cómo actuar a sus superiores.

“Se encontraba realmente preocupada por dar cabal cumplimiento a sus funciones consulares sin incurrir en ningún tipo de extralimitación”, explicitó. Ella fue quien formuló la nota que decía que Marset estaba en condiciones de comenzar el trámite para obtener su pasaporte uruguayo. A la luz de una serie de normas que el fiscal analizó, concluyó que emitir esa nota “está dentro de sus competencias” y es “irrelevante” que Marset estuviera preso. De hecho, otro jerarca técnico que declaró en la causa dijo que este tipo de notas eran “habituales”.

“El estatuto de los funcionarios públicos impone siempre una actuación apegada estrictamente a la ley y ésto es precisamente lo que ocurrió con la Sección Consular de Uruguay en Abu Dhabi”, concluyó el fiscal, deslindando así también de responsabilidad a quien era el embajador, Álvaro Ceriani.

Recordó también que los familiares de Marset exigían que la nota dijera que obtendría el pasaporte. Sin embargo, la nota emitida por el Consultado decía que estaba en condiciones de tramitarlo.

A su vez, Marset tenía derecho a tramitar el pasaporte según las condiciones que ponía el decreto vigente en ese momento (fue modificado a raíz de este caso). La causa que tenía abierta en Uruguay, fue cerrada por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian, dado que su pena ya estaba cumplida. Esto hizo que así, el único impedimento que existía para que le dieran el pasaporte, desapareciera.

Aunque sí estaba vigente una averiguación de paradero respecto de él, esto, sostuvo el fiscal, no es impedimento para obtener un Certificado de Antecedentes Judiciales que diga que todas las causas están cerradas, que fue lo que ocurrió.

Archivo El Pais

Por último, sobre este punto, aseguró que la Cancillería nunca podría haberse negado a entregarle un pasaporte a un connacional puesto que –a nivel internacional– es un documento identificatorio. “Tenía derecho a su identificación ante las autoridades extranjeras”, fundamentó.

A todo esto se suma que, a juicio del fiscal, no fue el pasaporte ni la nota lo que sacó de la prisión emiratí a Sebastián Marset. Así, citó parte de la traducción en español de la sentencia judicial, en la que se expone que no se pudo probar que Marset supiera que el documento paraguayo que portaba era falso. Aunque el fiscal consideró que ese argumento es “cuestionable desde el punto de vista jurídico”, fue el único utilizado por los emiratíes.

“No es posible sostener válidamente que la expedición del pasaporte uruguayo fue lo que permitió la absolución y posterior libertad de Sebastián Marset. Tan es así que la expedición del pasaporte uruguayo ni siquiera fue mencionada en la sentencia en cuestión”, expuso.

El pasaporte, según consideró el fiscal, se tramitó en una semana. Esto fue entre el 18 de noviembre y el 25 de noviembre de 2021. Aclaró que en el documento figura que se expidió el 28 de octubre, porque fue el día que Prado le tomó las huellas en prisión para identificarlo, pero esa no es la fecha real del comienzo del trámite. Esto surge de las comunicaciones oficiales de la Sección Consular de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos

Cuando Prado intentó comenzar el trámite, no pudo porque el sistema le mostró que ya había uno en curso –de uno de sus intentos previos, en Bolivia, de obtener el pasaporte– pero editó la planilla y pudo continuar. Aunque esto fue cuestionado inicialmente, su acción concreta estaba dentro de sus potestades dado que ese trámite ya había sido cancelado antes desde Bolivia, concluyó tanto el fiscal como la Cancillería.

La confusión surgió a partir de un audio de WhatsApp que le envió ella a Balbi, donde le decía que había cancelado el trámite anterior, pero surge del sistema que eso no fue lo que hizo.

Entre el 22 y 23 de noviembre, Balbi se reunió con el entonces subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, y le manifestó la necesidad de “adelantar” la expedición del Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) de Sebastián Marset para que su pasaporte se imprimiera y pudiera viajar en la valija diplomática que el abogado creía que salía el 25 de noviembre.

Aunque el 24 de noviembre, a las 9 de la mañana, Lacoste pidió que se adelante la expedición del CAJ, el trámite estaba en el Departamento de Legajos del Ministerio del Interior y recién llegó a Identificación Civil a las 16:52 horas. Como los pasaportes se imprimen hasta las 16 horas, el suyo se imprimió al otro día, 25 de noviembre, poco después de las 8 de la mañana.

Foto: Darwin Borrelli

Pero la valija ya había partido.

El fiscal argumentó que haber accedido a esta solicitud podría haberse interpretado como un abuso de funciones, pero cuando investigó en profundidad halló que esto es una práctica instalada desde la década del 90, que siempre tiene una justificación y hasta se canaliza formalmente a través de un correo. Lo han hecho legisladores de todos los partidos, ministros, “personalidades públicas de todos los ámbitos y profesionales de todas las ramas”.

"Si hubiera existido alguna intención espúrea en el trámite de la libreta de pasaporte de Sebastián Marset por parte del Dr. Alberto Lacoste, bastaba con que éste le ordenara a sus funcionarios que imprimieran la misma fuera de hora, lo cual en definitiva no sucedió", explicó Machado.

El 24 de noviembre, la exvicecanciller Carolina Ache recibió en su despacho a Balbi. El fiscal consideró “inverosímil” la explicación de ambos sobre la reunión. Habían dicho que el abogado nunca mencionó quién era su cliente y se limitó a preguntar por la fecha de la salida de la valija diplomática y que ella, luego de realizar una consulta, le dijo que ya había salido.

La teoría del caso de la Fiscalía era que Balbi había averiguado de antemano la fecha de salida de la valija diplomática, pero por error alguien le había informado mal el día, por lo que estaba llegando tarde a su salida. Eso “hacía que se tornara imperioso —conforme los intereses de su cliente— intentar dilatar la salida de la misma o en su defecto peticionar el envío de una valija especial. A criterio de estos dictaminantes, lógicamente éste fue el verdadero motivo de la reunión celebrada entre la vicecanciller y el Dr. Alejandro Balbi”, consideró Machado.

Foto: Francisco Flores

Hubo dos correos que llegaron a la casilla de Ache el 18 y 30 de noviembre que hablaban sobre la situación del narco uruguayo. A raíz de eso, a juicio del fiscal, “inequívocamente” se permite concluir que “a la fecha en que fueron reenviados la oficina de Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba al tanto de la situación de Sebastián Marset”.

A su vez, el fiscal se refirió a los mensajes entre Ache y el ex subsecretario de Interior Guillermo Maciel. Los mencionados fueron defendidos por Jorge Díaz y Andrés Añasco respectivamente. Las comunicaciones fueron tres y ocurrieron en el 21 de setiembre, 3 y 5 de noviembre de 2021.

La primera fue una consulta, la cual Ache evacuó a través de sus asesores. En ese momento, subrayó el fiscal, Marset aún no había comenzado a gestionar el pasaporte ni la nota que pretendía su familia en la que decía que estaba en condiciones de comenzar el trámite para obtenerlo.

Foto: Darwin Borrelli

El 3 de noviembre Maciel le alertó que se trataba un narco “muy peligroso y pesado” y que “sería terrible si fuera liberado”. El 5 de noviembre, ante la repregunta de Maciel, Ache le confirmó que efectivamente seguía detenido.

Así, concluye que —pese a que se estaba gestionando la nota— los jerarcas no sabían de la gestión del pasaporte, puesto que para esa fecha no existía.

Sin embargo, criticó una serie de cosas respecto de cómo se dio el proceso. “La primera es que el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias”, sostuvo, pero no por el otorgamiento del pasaporte —que legalmente le correspondía— “sino porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia”.