Redacción El País
Las víctimas del caso Penadés son “un jardín de infantes. Ella (Romina Papasso) es la maestra. Son alumnos de ella. Son todos amigos de ella los menores que llamaron a declarar (...) Son todos menores, todos niños”, dijo ayer Díaz. Y aseguró que fue la exmilitante blanca quien los instruyó sobre cómo declarar: “Ella los llevó a la casa, los puso todos juntos y les dijo ‘ustedes tienen que decir esto, esto y esto’”.

¿La motivación? Según Díaz, es el dinero. La ley 19.580 (ley de género) prevé que si una persona es condenada por delitos que la comprenden deben abonar 12 de sus sueldos o 12 sueldos mínimos a las víctimas.

Cuando la Fiscalía pide la imputación de una persona, debe enumerar la lista de evidencias que tiene en su contra. Aunque no se las muestra en ese acto al juez, estas sí fueron analizadas por la defensa del imputado y si alguna de las mencionadas no existe, puede hacérselo saber al juez.

A su vez, para otorgar la prisión preventiva para un imputado, la Justicia debe constatar que existe “semi plena prueba” de que el hecho haya ocurrido.

En el caso Penadés, la audiencia de formalización fue reservada por tratarse de delitos sexuales, sin embargo, sí trascendió la sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmaba la decisión y que realizaba un racconto de lo discutido en audiencia. Allí se mencionaba entre las evidencias (además de las declaraciones de las víctimas en sede judicial): escuchas telefónicas, pericias psicológicas, información del teléfono incautado a Penadés (no así a Mauvezín quien se negó a entregar el pin de WhatsApp) e información bancaria tanto de Penadés como de Mauvezín.

Foto: Estefanía Leal

A su vez, la sentencia recoge que las representantes de la Fiscalía dijeron: “Con todas las evidencias enunciadas, con todo lo que se relató, nunca se tuvo un caso y mire que se han tenido casos con tanta evidencia”.

A su vez, ayer el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República dejó de representar a Papasso por entender que existía un conflicto de intereses. Según supo El País, entendieron que lo que hizo la joven incidió en la situación emocional de otras víctimas, dañándolas. Así, ellos tienen el deber de velar por el resto de las víctimas involucradas. Eso, además de que el Consultorio no puede defender imputados.