Redacción El País
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) denunció penalmente al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar), Pablo Martinis, tras detectar "varias irregularidades" en el proceso de selección de ganadores de los Premios Nacionales de Literatura, informó Búsqueda y confirmó El País.

Particularmente, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, decidió "no homologar el fallo en la categoría Ensayos de Ciencias de la Educación (obra édita)", puesto que la obra elegida como ganadora —titulada "¿Se terminó el recreo? El proyecto educativo conservador— fue firmada como coautor por el propio decano.

Dentro de las delimitaciones fijadas en las bases del concurso, se detalla que no pueden participar "personas vinculadas o involucradas en la gestión de la presente convocatoria en ninguna de las etapas del llamado, ya sea de forma directa o indirecta" así como "personas integrantes de los jurados designados para actuar en la presente convocatoria, cualquiera fuera la categoría, ni en calidad de autores ni coautores".

Foto: Pablo Martinis/X

Según la ley, cada categoría cuenta con un tribunal, que a su vez se compone de tres miembros. Uno de los jurados es designado por la Udelar. En función de eso, Martinis designó 9 jurados, incluyendo el de su especialidad, tal y como se desprende de la nómina de docentes designados por Martinis a la que accedió El País.

La docente designada como jurado en la categoría de Ensayos de Ciencias de la Educación, Andrea Díaz, profesora grado cinco en Filosofía de la Educación, "estaba en clara situación de conflicto de interés" puesto que fue elegida como jurado y, sin embargo, al recibir la obra con coautoría de Martinis "no se excusó participando de manera directa en la selección de la obra", señalaron desde el MEC, según informó Búsqueda.

Cuando se presenta una obra, cada autor entrega una declaración jurada donde declara no esta "comprendido dentro de las inhibiciones, prohibiciones y limitaciones previstas en las bases rectoras de la convocatoria". Martinis entregó la suya el 5 de mayo de 2023.

Fuentes del Ministerio de Educación y Cultura explicaron a El País que "falsear una declaración jurada" se considera un delito (art. 239 del código penal) y puede ser castigado con tres a 24 meses de prisión.

En tanto, si un funcionario se topa con hechos de apariencia delictiva y no los denuncia, se considera "omisión" y puede ser castigado con la pena de tres meses a dos años de suspensión.

"Si el Ministerio de Cultura no hacía la denuncia, cometía un delito", expresaron desde el MEC.

El País se comunicó con el decano de Humanidades, Pablo Martinis, quien se encuentra de licencia hasta fines de enero. Martinis confirmó que está al tanto de la denuncia, pero solo le han llegado "trascendidos". "Como es un tema delicado, por el momento no voy a hacer ninguna declaración", explicó.