El 30 de junio pasado, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto al resto del equipo económico, presentó el proyecto de Rendición de Cuentas en la secretaría del Senado del Palacio Legislativo. La vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi, recibió el proyecto de 442 artículos que destina para 2024, por ejemplo, una inversión de US$ 20 millones a la atención de la salud mental y las adicciones.

Pero esa no es la única novedad que tiene la iniciativa gubernamental. El artículo 86 del proyecto incluye a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como sujetos obligados a controlar el lavado de activos.

Dicho artículo también incluye como sujetos obligados a controlar el lavado de activos a los casinos, las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras, promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles, los escribanos y los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, entre otros.

La abogada Carla Arellano, especialista en anticorrupción y prevención en materia de lavado de activos del Estudio Ferrere, dijo a El País que la medida establecida en la Rendición de Cuentas “es buena para la sociedad” en términos de transparencia. “Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán que invertir en personal o en recursos para realizar los controles establecidos en el proyecto de Rendición de Cuentas”, dijo Arellano.

Y agregó: “En caso de que el Parlamento apruebe el artículo (sobre las Sociedades Anónimas Deportivas) sin modificación, ello implicará que estarán obligadas a contar con una política de prevención de lavado de activos, reportar operaciones sospechosas y conocer a sus clientes y el origen de los fondos utilizados en sus operaciones, entre otras obligaciones”.

El proyecto de Rendición de Cuentas sostiene, además, que las obligaciones de las Sociedades Anónimas Deportivas incluirán la confección de una matriz de riesgo de la empresa y para evaluar operaciones y clientes, teniendo en cuenta el riesgo cliente, geográfico y operacional. Además, deberán confeccionar un manual que incluya las políticas de la empresa en esta materia.

Además, las sociedades tendrán que realizar reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) de operaciones sospechosas ocurridas en Uruguay y en el extranjero y velar por la reserva y confidencialidad de las operaciones reportadas a la autoridad competente, entre otras actividades.

Según Arellano, las Sociedades Anónimas Deportivas quedarán sujetas al control de la Secretaria Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay (Senaclaft).

A partir de 2001, los clubes de fútbol uruguayos se podían organizar como Sociedades Anónimas Deportivas o asociaciones civiles. En su cuenta de Twitter, el abogado Leonardo Costa dijo el viernes 14: “El fútbol en Uruguay lo hicieron los clubes. Las SAD fueron un invento para mejorar la gobernanza del fútbol pero la realidad es que, salvo alguna excepción, son instrumentos de contratistas en la mejor hipótesis. La exigencia de transparencia es mayor. En la sub 20 campeona del mundo los jugadores vinieron de clubes, no de SAD”.

Arellano, por su parte, explicó que una diferencia importante entre las asociaciones civiles y las Sociedades Anónimas Deportivas es que las primeras no pueden tener fines de lucro ni repartir utilidades entre sus asociados y las segundas sí. Por esa razón, dijo, en el ámbito del fútbol profesional uruguayo las sociedades se han convertido en una figura muy atractiva.

“Por eso el proyecto de Rendición de Cuentas implica un paso importante en el combate al lavado de activos en el país”, insistió Arellano.

En la segunda mitad del año pasado, varios profesionales -entre ellos la abogada Arellano- y entidades vinculados al combate al lavado de activos trabajaron junto a la Senaclaft en el diseño del borrador de la Evaluación Nacional de Riesgo a cargo del asesor contratado por dicha institución, Alejandro Montesdeoca. (Ver nota aparte).

En el borrador de ese equipo de trabajo, se recomendó que las Sociedades Anónimas Deportivas fueran incluidas como sujetos obligados a denunciar presuntas prácticas de lavado de activos. El proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno hizo lugar a esa sugerencia.

El 22 de mayo de 2022, el consultor internacional para la actualización de la Evaluación Nación del Riesgo País, el abogado uruguayo, Alejandro Montesdeoca, advirtió en el Parlamento que Uruguay presenta debilidades en el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

El consultor aludió a que reparticiones similares a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú tienen “estructuras muchos más fuertes” que las de Uruguay. En esos países, dijo, dichos organismos poseen varias decenas de empleados. “Creo que la UIAF (de Uruguay) tiene 10 funcionarios”, dijo. Enseguida hizo un llamado de alerta: “Algo que hemos podido ver hasta ahora, también comparado con otros países, es que la posibilidad que tiene Uruguay para supervisar instituciones financieras o la forma en que se ha dado para controlar las medidas preventivas antilavado también difieren para peor que la de otros países”.

Carla Arellano, abogada del Estudio Ferrere y experta en políticas antilavado de activos, explicó que, de aprobarse el proyecto de Rendición de Cuentas, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tendrán que analizar a cada uno de sus clientes. Ahora, deberán saber si el dinero de sus clientes proviene de una fuente legítima o no. Ello, según Arellano, obligará a las Sociedades Anónimas Deportivas a hacer un análisis de riesgo del cliente. También tendrán que asignar a cada cliente u operación una calificación de riesgo, dejando constancia escrita. Podrá ser de riesgo alto, medio o bajo.