Redacción El País
Una funcionaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue condenada por haber extorsionado a un privado de libertad.
Según informó la Jefatura de Policía de Salto, la información primaria que recibieron los investigadores fue que en la Unidad N.º 20, una funcionaria policial amenazaba a una persona privada de su libertad de trasladarla a otra unidad si no le pagaba.
En detalle, la mujer solicitó una suma de $ 30.000 a la familia de esta persona. Los efectivos corroboraron que el pasado 8 de abril un familiar de la persona privada de libertad fue al domicilio de la funcionaria para entregarle una primera parte de lo pactado.
Con estas pruebas, los investigadores obtuvieron una orden de detención para la funcionaria de 31 años que, al ser llevada ante la Justicia, resultó condenada por ser la autora penalmente responsable de un delito de concusión especialmente agravado.
Deberá cumplir 15 meses de prisión, que le fueron sustituidos por un régimen de libertad a prueba durante el que deberá prestar servicios comunitarios. También recibió una inhabilitación especial de dos años y deberá pagar una multa de 50 unidades reajustables (UR).
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