Ya hay dos denuncias en la Fiscalía contra la fintech Wenance por supuestas estafas y apropiaciones indebidas de dineros de inversionistas. Según supo El País de fuentes cercanas a la empresa, son más de 600 los inversores afectados por la crisis en que cayó la firma que se dedicaba a brindar microcréditos a personas de escasos recursos y con problemas crediticios.
Wenance recibía dinero de los inversionistas y los volcaba a los microcréditos para la compra de motos y electrodomésticos. Luego los inversores recibían parte de las cuotas pagadas por los beneficiarios de esos microcréditos.
El 24 de julio pasado, la empresa envió un mail a sus clientes uruguayos donde señalaba que cesaba sus pagos por la difícil situación que enfrentaba en Argentina. Además de Uruguay, Wenence tiene una filial en España.
El gerente general de Wenance Argentina, Alejandro Muszak, defendido por el abogado penalista Jorge Barrera, pretende llegar a un acuerdo con los cerca de 1.000 inversionistas afectados. La empresa trabaja para presentar una propuesta en un plazo de 20 días, según las fuentes. “Todos los inversores serán tratados por igual. No importa el monto de su inversión”, agregó.
La primer denuncia realizada contra Wenance ocurrió el 25 de julio de este año. Cuatro inversionistas, cuyas pérdidas rondan US$ 80.000 presentaron un escrito en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía.
La denuncia apunta contra directivos y asesores de Wenance Uruguay y el argentino Muszak.
El escrito señala: “Todos los denunciantes somos inversores de la empresa Wenance Uruguay. Dicha empresa es una fintech que se dedica a dar préstamos al consumo en el país a través de la página web ‘Welp’ Uruguay, financiándose con dinero de inversores como nosotros”.
El documento agrega que el 24 de julio de este año los denunciantes recibieron un mail de la empresa indicando que entraría en cesación de pagos dada la situación de su filial en Argentina. Días antes del correo electrónico, enterados de que en Argentina la compañía estaba teniendo problemas legales, varios inversores se comunicaron con los representantes de la fintech en Uruguay. Estos, según el escrito, “manifestaron que la situación en Uruguay estaba saneada y que no iba a haber problemas con los pagos”. “Sin embargo, ayer (por el 24 de julio) recibimos el referido mail indicando que la empresa cesaba los pagos a sus acreedores”, se afirma.
El escrito recuerda que los directivos de Wenance Argentina son investigados en su país por estafa. “Se trata de una situación que ha tomado estado público y necesita ser intervenida por la Fiscalía de forma urgente”, se asegura en la denuncia presentada en la Policía.
Para los denunciantes, en Uruguay se configuró el delito de estafa. “Se nos indicó que nuestro dinero sería invertido en los créditos al consumo que daba la empresa, obteniendo un retorno de intereses por la inversión. También se nos dijo que nos cederían los créditos cuando, en realidad, luego de la firma del contrato nunca nos dieron los documentos acreditantes de la cesión de crédito ni se notificó a los deudores dicha cesión”, se indica en el escrito. Y advierte, por ende, que existió una “puesta en escena” por parte de los responsables de la empresa haciendo caer en error al inversor para luego “quedarse con su dinero” de un día para el otro.
La segunda denuncia fue entregada a Gómez
La empresa decía tener un portafolio de US$ 120 millones en tres países: Argentina, España y Uruguay. Y ofrecía intereses generosos a los inversores. En Uruguay, sus clientes eran empresarios, abogados, contadores y comerciantes.
De un día para el otro y sin dar explicaciones, Wenance dejó de pagar los dividendos, según señala una denuncia de los inversores presentada por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada al fiscal de Corte, Juan Gómez, al mediodía del miércoles 9. La estrategia judicial es liderada por el estudio Ferrere y se señala una estafa millonaria. “Se trata de un caso histórico. Algo parecido a los reclamos colectivos judiciales americanos. Es histórico por la cantidad de personas y por el monto. Estamos denunciando un faltante de casi US$ 10 millones”, dijo Ojeda a El País.