Una joven fue imputada por la Justicia por extorsionar a un hombre a quien le exigía dinero a cambio de no divulgar fotos y mensajes eróticos que él le había enviado. Para que su familia no se enterara, el hombre le giró dinero cada 15 días por un lapso de ocho meses. En total, llegó a transferir cerca de $75 mil.
La jueza María Noel Odriozola imputó a la joven y a su hermana (que colaboró con la maniobra) hace algunas semanas y dispuso el arresto domiciliario total para ambas. Sin embargo, a fines de agosto, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la imputada principal debía estar presa preventivamente mientras continúa la investigación.
La fiscal del caso, Bettina Ramos, explicó en la audiencia judicial en la que pidió su imputación que la joven y la víctima se conocieron a finales de 2021 por una cuestión laboral. No tuvieron contacto hasta abril de 2023, cuando la joven publicó una historia de WhatsApp en la que ofrecía en venta un celular. La víctima se interesó en el producto y le escribió para concretar la compra.
El hombre terminó comprándole el celular, pero la conversación siguió. Ella le contó que estaba buscando trabajo y que tenía una situación familiar complicada puesto que su padre estaba enfermo. En ese momento, el hombre le giró dos $ 2.000.
Y el diálogo siguió y en determinado momento comenzó “a ser de tenor erótico”, describió la fiscal.
Fue entonces que la hoy imputada le empezó a pedir dinero a la víctima a cambio de no contarle lo que estaba sucediendo, tanto a su familia como a sus superiores en el trabajo. “El denunciante, coaccionado, y por temor a perder su familia y su trabajo, accedió”, explicó Ramos.
A partir de ese momento, le empezó a exigir que le pagara quincenalmente un monto de dinero para comprar su silencio. Pero más allá de eso, lo seguía amenazando. Incluso llegó a decirle que expondría en redes sociales, utilizando un afiche, algunas de sus prácticas sexuales. También afirmó que convocaría a una concentración frente a su lugar de trabajo.
En una oportunidad, la víctima no pagó y la imputada concretó su amenaza. Le escribió por Instagram y WhatsApp a su esposa y le dijo que si no pagaban, le diría lo ocurrido a los hijos de la pareja. La joven también le escribió al hermano de la víctima a quien amenazó con “prenderlo fuego”.
Ella contaba con datos de toda la familia: el nombre de los hijos, otros integrantes de la familia de sangre y política así como los vínculos de parentesco entre ellos. Esta información la manejaba tanto la imputada principal, como su hermana, que a juicio de la Fiscalía es coautora de los delitos.
Los giros de dinero se concretaban de dos formas. Algunos por Red Pagos, de donde los retiraba la imputada, y otros a una cuenta del Banco República, que estaba a nombre de la hermana de la imputada principal. De uno de los mensajes entre ellas cómo se repartieron el dinero de uno de los pagos.
Cuando la víctima se animó a hacer la denuncia, se levantó el secreto bancario de las imputadas y se comprobó que los ingresos de dinero correspondían con lo mencionado por el hombre.
Las imputadas se han “organizado, dividido tareas y obtenido beneficios o lucros de una extorsión económica por más de ocho meses a la fecha con un monto aproximado de $ 75.000”, sostuvo la Fiscalía.
La abogada de las imputadas, la defensora pública María Noel Rodríguez, dijo en la audiencia que las jóvenes “no terminan de entender la ilicitud de sus actos”. Entre lágrimas, una de ellas llegó a decir que él le había prometido ese dinero, a lo que la abogada le agregó que aunque lo hubiera hecho, si después se arrepentía ella no podía exigírselo.
La decisión de un tribunal sobre la medida cautelar
La Justicia imputó a la joven por la autoría de un delito de extorsión (la pena mínima es de cuatro años y la máxima de 10) y otro de asociación para delinquir. Su hermana fue imputada por la coautoría de los mismos delitos.
En audiencia, la Fiscalía afirmó que las jóvenes debían de esperar el avance de la causa en prisión, dado que otra medida podía poner en riesgo el desarrollo del caso. Esto, porque podrían amedrentar a las víctimas o intentar borrar las pruebas.
La jueza Odriozola valoró los argumentos de la defensa, que recalcó que eran primarias, con trabajo y con domicilio fijo, para disponer el arresto domiciliario total.
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó que la imputada como autora de los delitos debía quedar presa preventivamente, pero mantuvo la decisión respecto de su hermana.
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