Redacción El País
El exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue detenido el jueves por la mañana en el marco de una investigación por corrupción que lleva adelante la fiscal Stella Alciaturi. A última hora, tras una audiencia de formalización, el exjerarca fue imputado por siete delitos de corrupción: peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones. En tanto, la Justicia dispuso que Besozzi cumpla con la medida de 180 días de arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.
Luego de la audiencia, que culminó sobre la medianoche, la fiscal Alciaturi ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que se formalizó a siete coimputados. Además del exintendente Besozzi también fueron formalizados el director de Auditoría, Germán Cavallero y el secretario general, Daniel Gastán; el prosecretario Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Obras, Pedro Nocetti; y el director de Logística, Jonathan Torres.

Por el momento hay 28 imputados, y este viernes será imputados otras siete personas —compradores de materiales de la Intendencia— que, según detalló la fiscal Alciaturi, tienen acuerdo de procesos abreviados. También declararán dos testigos protegidos.
Al momento de ser detenidos los hoy imputados, se les incautaron los teléfonos celulares. Consultada por si el contenido de estos dispositivos reveló datos sobre la presunta trama de corrupción, la fiscal dijo que "Hay algunos datos que ya surgieron de las pericias primarias de los celulares, pero también había evidencia de elementos habían sido voluntariamente eliminados".
La defensa del exintendente Besozzi se opuso a la formalización y anunció que apelará el fallo de la Justicia. Sin embargo, no se opuso a la medida cautelar de arresto domiciliario.
La fiscal Stella Alciaturi informó también este viernes por la madrugada que en las próximas semanas dejará la fiscalía en Soriano y será trasladada a la Fiscalía de Atlántida, donde se encuentra su hogar.
Según explicó, se trata de una solicitud que hizo hace más de dos años al fiscal de Corte Juan Gómez y posteriormente a la fiscal Mónica Alfaro. La fiscal quiso hacer la precisión para que no se generen "suspicacias" de que haya pedido el cambio a raíz de esta investigación.
La trama de corrupción en la Intendencia de Soriano que investiga Fiscalía
La trama comenzó a ser investigada en 2021, luego de que se registrara un incendio intencional en el Teatro 28 de Febrero. Allí funcionaba una parte de Adeom Soriano. El objetivo del incendio había sido destruir documentación que los comprometía.
La trama involucraba a varios dirigentes del sindicato de municipales de Soriano y, según lo volcado en la audiencia de formalización de este jueves, incluye al propio exintendente. La trama se basaba en el robo de materiales —entre los que había portland y combustible— a la intendencia para luego venderlos. A Besozzi no lo había citado la oposición a la Junta Departamental al momento de la investigación, pero él mismo se presentó diciendo que quería que “sepan de primera mano lo sucedido”.
En ese momento, aseguró: “Esto no es una casualidad, sino que hay denuncia de la Intendencia por un motivo de incendio, y el teléfono que agarran -¡qué casualidad!- justo estaba metido en otros temas, esa es la casualidad, por suerte. Esto es como una madeja que agarró un gato y la enreda toda y después hay que encontrar la punta, bueno, yo felicito a la fiscal que encontró eso”.
El análisis de los teléfonos celulares tras el incendio en el teatro fue la caja de Pandora de una causa más grande. Fue ese contenido el que dio las primeras armas a Alciaturi para investigar la causa de la venta de materiales.

Imputaciones previas
Por la causa de la corrupción sindical fue imputado el presidente del gremio, Martín Herling. Según Fiscalía, previo a que se denunciara la existencia del incendio -consta en una resolución judicial que divulgó Agesor- se ve por las cámaras de seguridad ingresar a Herling al lugar. Salió a los pocos minutos, se dirigió a un dispensador de alcohol en gel y limpió el picaporte de la puerta antes de retirarse. Apenas unos 10 minutos después comienza a observarse el humo saliendo de ese salón.
Para ese entonces, el Banco República ya había radicado una denuncia contra Herling, el tesorero José Pica y otra persona por presentación de cheques contra cuentas suspendidas, clausuradas o cerradas.
Además está imputado por falsificar la firma de otra funcionaria del gremio, a quien le mandó mensajes pidiéndole que retirara la denuncia porque sino él “podía ir preso”.
Pero además, se comunicó con otra persona para intentar que “se presentara ante la autoridad policial falseando su declaración inicial, explicándole lo que tenía que decir para que le creyeran”.
A su vez, el entonces titular del gremio de municipales de Soriano se enteró de forma irregular de que estaba siendo objeto de una intervención telefónica legal a pedido de la Fiscalía. Eso demuestra, según esgrimió la Fiscalía en su momento, que tiene una gran red de contactos que están dispuestos a proporcionarle información.