Por Eduardo Barreneche
Hay 10 casos emblemáticos que los fiscales no lograron cerrar por distintas causas. En algunos de ellos, la demora se debe a la sobrecarga laboral de los fiscales -hay fiscalías de Flagrancia que tienen en promedio 520 asuntos, fiscalías de delitos sexuales también con 500 expedientes y fiscalías de delitos económicos que manejan entre 80 y 350 casos. En otros expedientes, las demoras sucedieron debido a la complejidad de los mismos -por ejemplo, la investigación sobre los costos de Antel Arena que alcanzaron los US$ 114 millones- y a medidas dilatorias interpuestas por los abogados defensores de los imputados en los juzgados.

La falta de técnicos y de administrativos es otra razón que enlentece las investigaciones. Los fiscales indagan causas con solo dos adjuntos -en ocasiones especiales reciben el apoyo de otras unidades de Fiscalía- y se trata de una maraña de casos que aumentan progresivamente en sus bandejas digitales. En ese sentido, los abogados defensores privados les llevan ventaja ya que deben estudiar de a un solo caso -el que tiene audiencia judicial o citación del imputado en la Fiscalía.

Advirtiendo la sobrecarga laboral en la Fiscalía, el fiscal de Corte, Juan Gómez, reclamó en forma reciente, que el Parlamento todavía no votó, 22 venias para fiscales, lo cual impacta en el trabajo cotidiano del organismo.

Foto: Francisco Flores

Dentro de ese contexto, la polarización existente en el sistema político, que impide nombrar a un titular en la Fiscalía de Corte que suceda a Gómez, tiene su correlato en la interna de los fiscales. El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se implementó el 1° de noviembre de 2017 a instancias del entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien se alejó 5 de octubre de 2021 tras nueve años en el cargo. Pese a que ya pasó un año y cinco meses de esa renuncia, los fiscales continúan divididos entre los “anti Díaz” y los “pro Díaz”, y los problemas por las causas que no avanzan son cada vez mayores.

Foto: Fernando Ponzetto

En el tope de la lista de casos mediáticos sin resolver se encuentra la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, quien se escapó con otros tres individuos caminando por los techos de la Cárcel Central. La existencia de corrupción policial en la fuga sobrevuela esta historia hasta el día de hoy.

El caso se dilató por las demoras en investigar por parte del entonces fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Ricardo Lackner, hoy director encargado de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad de la Fiscalía General de la Nación. Las estadísticas de Lackner en cuanto a la resolución de casos son de las más bajas del sistema. Hasta el momento hay un solo policía imputado por la fuga de Morabito.

Operación Océano es otro caso que merece tener un lugar destacado en la lista. La investigación se demoró por los cambios de cuatro fiscales y cuatro jueces. Cada operador nuevo que llegaba al caso debía leer los tres Teras (3.072 Gigabytes) del expediente. Todos los abogados denunciaron penalmente a la fiscal Darviña Viera y presentaron un recurso de nulidad del caso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que también ocasionó atrasos, aunque la Corporación no hizo lugar al planteo de las defensas. El juicio contra 11 imputados aún no comenzó.

Foto: Policía alemana

Otro expediente que genera expectativa es la investigación sobre los costos de la construcción del complejo Antel Arena. El entonces fiscal del Delitos Económicos de 1er Turno, Enrique Rodríguez, citó a declarar a los exdirectores de Antel, Carolina Cosse y Andrés Tolosa. Luego continuó con gerentes y otros técnicos. A su vez, Antel amplió la denuncia y el Parlamento remitió al fiscal un voluminoso material sobre el tema. Rodríguez, además, pasó a una fiscalía de Lavado de Activos y fue sustituido por el fiscal Alejandro Machado.

El 5 de julio de 2022, el Banco Central del Uruguay (BCU) intervino preventivamente y con suspensión de actividades a la empresa Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. debido a las “importantes pérdidas” sufridas por algunos clientes. Abogados de los damnificados presentaron denuncias penales en la Fiscalía contra la titular de las empresas, Sara Goldring, alegando que sus clientes perdieron unos US$ 100 millones. La corredora de Bolsa negó haberse apropiado del dinero de sus clientes. La complejidad del expediente y el número de damnificados enlentecieron la concreción de la investigación.

Otro caso que viene lento implica un hecho que sacudió al fútbol uruguayo: la denuncia presentada por dos mozas de un salón de fiestas de Malvín contra dos entonces jugadores de Peñarol, Lucas Viatri y Walter Gargano.

En el escrito se señala que Viatri trató de impedir por la fuerza que las chicas filmaran con sus celulares una rencilla entre mujeres desatada dentro del salón, lo que generó roturas que pagaron los jugadores. Una de las mozas denunció, además, que Gargano intento abusar de ella, lo que fue desmentido por el futbolista ante la Fiscalía. Hace seis meses que el expediente no tiene actividad alguna. No se sabe el motivo de ello.

Foto: Leonardo Mainé

En tanto Nicolás Cendoya, el exdirector de la Ursec y entonces candidato por el Frente Amplio para el Directorio de Antel, es indagado por el fiscal Diego Pérez en otra causa que no avanza.

Durante la investigación, el fiscal le atribuyó a Cendoya supuestas irregularidades en las inspecciones a radios comunitarias y en adjudicaciones de contratos de ondas y de negocios de televisión para abonados. Las demoras en la tramitación del expediente se debió a que los abogados de Cendoya pidieron la nulidad del caso y también apelaron.

Luego, un hecho que dejó mal parado a Uruguay en el plano internacional fue la incautación récord en el puerto de Hamburgo, Alemania, de cuatro toneladas y media de cocaína en julio de 2019.

La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, pidió una condena de 14 años de penitenciaría para el empresario Martín Mutio, por un delito de exportación de estupefacientes. La jueza de Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarián, falló que la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de Mutio en la contaminación del contenedor con cocaína ni su vínculo con el narcotráfico. El caso sigue abierto; pasó a un tribunal de Apelaciones.

Foto: Difusión

Otra causa que generó coletazos a nivel político fue la denuncia presentada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, contra el hoy senador y exdirector General de Secretaría, Charles Carrera (MPP).

El expediente estaba en manos de Lackner. La única actuación del fiscal fue un pedido de informes al Hospital Policial, quien respondió que un civil no podía ser atendido allí. Luego la investigación no avanzó.

Y hay más. Para los socios de la mutualista Casa de Galicia el 23 de diciembre de 2021 no fue un día cualquiera. En esa fecha, un juez determinó el cierre del centro asistencial. A instancias de la Fiscalía, el Ministerio de Salud Pública envió documentación. También lo hizo la Justicia de Concurso, lo cual enlenteció la tramitación del expediente. Cuatro gerentes de la mutualista ya declararon. El abogado de Iglesias dijo que su cliente fue citado para testificar el 14 de abril de este año.

Otro caso que generó repercusión pública fue el allanamiento realizado por efectivos de Interpol a las instalaciones de la emisora Azul FM, en el marco de la investigación que dispuso de oficio el fiscal de Corte, Juan Gómez, por la difusión por parte del periodista Ignacio Álvarez de audios vinculados a la denuncia de violación grupal por la que fueron imputados tres hombres. La fiscal Mariana Alfaro citó a una audiencia a la víctima, quien no se presentó. Tampoco avanzó el caso de violación.