Redacción El País
La jueza Marcela Vargas decidió este miércoles enviar a prisión a Jairo Larrarte, titular del Grupo Larrarte, como medida preventiva por 120 días a la espera del juicio. Fue una decisión que tomó luego de aceptar la formalización de la investigación por delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos.

Según constató El País, la jueza en la audiencia manifestó varios argumentos para tomar la decisión del envío a la cárcel, en lugar de optar por el arresto domiciliario con tobillera electrónica, como pidió la defensa de Larrarte, el abogado Enrique Moller.

Uno de los principales argumentos es que Larrarte vive en Rivera, cerca de la frontera seca con Brasil, un lugar del cual se interpreta que es fácil huir. Además, el estudio preliminar que realizó el síndico designado indica que el balance de la empresa ganadera muestra pérdidas por US$ 12.309.940, y no se descarta que ese dinero esté en poder del titular de la firma, con el cual podría escapar.

"Todos escuchamos en esta audiencia las evidencias que presenta el Ministerio Público, que son de una contundencia porque se trata de constataciones fácticas realizadas por organismos públicos. No había ganado, no hay contabilidad", expresó Vargas.

"Para disponer la prisión preventiva se necesita semiplena prueba que acredite la materialidad del hecho, y ha quedado totalmente acreditada", sentenció.

Foto: Leonardo Mainé/El País

La jueza refirió a "riesgos procesales" y dijo que si bien Larrarte "hasta ahora ha comparecido" a las audiencias, "la situación ha cambiado cuando se pide la formalización".

Vargas dijo que fue "contundente" el argumento de la Fiscalía "para acreditar un riesgo procesal", y su peso no dejó otra opción que "acceder a la medida de prisión preventiva".

En la evaluación de riesgos, dijo, se deben proyectar posibles eventos de futuro. Recordó entonces que hay 134 víctimas, por lo que "la dimensión de la estructura" que armó Larrarte lleva a pensar, tomando como base las explicaciones de la Fiscalía, que "sin lugar a dudas es una persona muy inteligente que tiene mucha astucia para los negocios".

"Llegó a mover 12 millones de dólares, que además no se sabe dónde están", dijo la jueza frente al imputado.

"Todo ese contexto, esa materialidad, de alguna forma impacta en el riesgo procesal y en el evento que se pueda dar. El riesgo de fuga a mi juicio está más que acreditado. Hay dinero, 12 millones de dólares que un trabajador en su vida no va a poder tener. Ese dinero en algún lugar está", apuntó Vargas.

Luego mencionó los riesgos de dejar a alguien en arresto domiciliario en un "campo en la frontera seca". Planteó la posibilidad de que "se va a sacar la tobillera y con esos 12 millones de dólares —que es de suponer razonablemente que en el Uruguay no están, pueden estar en el exterior— usted se puede perfectamente ir".

"Además lo va a ayudar gente, porque el dinero compra desgraciadamente a muchas personas", concluyó la jueza.

Foto: Leonardo Mainé/El País

La Justicia accedió al pedido de la Fiscalía y se dictó la formalización de la investigación contra Larrarte, principal responsable del primero de los fondos ganaderos que, por denuncias de inversores, fueron investigados en los últimos meses. La audiencia concluyó con la decisión del envío a prisión como medida preventiva, a la espera del juicio.

La Fiscalía pidió prisión preventiva pero la defensa del imputado la rechazó y pidió arresto domiciliario. La Justicia finalmente se inclinó por el pedido fiscal. En la audiencia la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo Alejandro Machado, habló de "fuga de capital" y de "estafa piramidal".

Larrarte llegó al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja, acompañado de su abogado, Enrique Moller, mientras que los inversores afectados por el fondo ganadero se vieron representados por diversos abogados como Jorge Barrera y Juan Pablo Decia. En total por este caso se presentaron 103 denuncias.