Redacción El País
Uruguay cerrará 2023 con un nuevo récord, que se supera año tras año: la cantidad de personas presas. Al 31 diciembre, habrá unos 15.400 reclusos, quienes representan un 20% más que los 12.414 con los que inició este gobierno, un 50% más de los que había hace 10 años y tres veces y media los que había en el 2000.

Esto lo ubica entre los primeros ocho países en el mundo con mayor población carcelaria, en función de sus habitantes. Además, hay otras 10 mil personas que cumplen algún tipo de medida alternativa a la prisión.

En el año 2023, la población carcelaria -el saldo entre los que ingresaron y los que salieron de prisión- se incrementó en más de 500 personas, un 4%. Un crecimiento “vertiginoso y desmesurado”, si se lo compara con todos los demás indicadores demográficos del país.

En estos 12 meses, la población carcelaria masculina creció 3,9%, la femenina lo hizo 6,9%. El año cerrará con un promedio de unas 1.167 mujeres presas, lo que supone un 54% de aumento comparado a 2020.

Los datos fueron brindados por el comisionado penitenciario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien en su último informe alarma en particular por un factor “inquietante”: en su mayoría son mujeres que cometieron delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes, que provienen de contextos de alta vulnerabilidad y que antes de su ingreso a prisión ya padecían serias dificultades de inserción social y laboral. Los relevamientos efectuados sobre ellas indican que en su mayoría han sido víctimas de violencia de género, abandono temprano, pobreza e incluso explotación sexual.

Otro dato inquietante para Petit, y que también constituye un récord, es que 67 de esas mujeres están en prisión con sus hijos. Se trata del mayor promedio histórico desde que se tienen registros, ya que en los últimos años se había ubicado entre los 40 y los 55 casos.

Algo destacado es que en febrero de este año eran 41 casos. El aumento, dice Petit, “representa una tensión a las posibilidades de convivencia y de crianza, en tanto no hay nuevos espacios de alojamiento y funcionarios suficientes para hacer frente a este crecimiento”.

Petit advierte que, en estos casos, aunque se mantenga el principio de que la violación de la ley requiere una rendición de cuentas de la persona que lo realiza, la evidencia muestra que la privación de libertad de estas mujeres con hijos, al menos en buena parte de los casos, no es ni la mejor ni la única alternativa posible para cumplir con una pena.

“La internación penal de estas mujeres con sus hijos deja en evidencia fisuras y vacíos en el tejido social, abandonos y violencias de larga gestión”, aseguró Petit.

Y si bien reconoce que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y otros organismos realizan grandes esfuerzos para que estos niños estén en buenas condiciones, la sola realidad de que deban crecer en una cárcel constituye un factor de “adversidad severa en sus primeros meses y años de vida, en los que el cerebro de los niños tiene una enorme capacidad de absorción de estímulos que influirán en el resto de su vida”.

El comisionado parlamentario presentó la semana pasada un informe en el que recomienda la creación de dispositivos de prisión domiciliaria asistida con redes de protección social para estas mujeres, tomando en cuenta que las consecuencias de su privación de libertad afecta directamente, tanto afectiva como materialmente, a las personas que dependen de ellas.

Según subrayó Petit, su vuelta a la comunidad sin más no les aseguraría la rehabilitación. Al contrario, dijo, las volvería a colocar ante la inminencia de un nuevo delito, como estrategia de supervivencia

“Teniendo presente que la amplia mayoría de esas mujeres no son un riesgo para la sociedad, sino expresión de situaciones de exclusión y vulnerabilidad que no pudieron ser resueltas, es necesario tomar la sanción penal como una oportunidad para una intervención de protección e integración”, afirmó. Un proceso que, insistió, en muchos casos debe ser superadora de la privación de libertad y expresarse en otros mecanismos.

En su último informe anual, el comisionado parlamentario aseguró que la gran mayoría de las mujeres presas no cometió delitos con violencia, y que las evaluaciones que se les habían efectuado revelaron que no representaban riesgos serios de criminalidad.

Así, en 2021 se observaba que el 45% presentaba riesgo bajo de volver al delito, el 48% tenía un riesgo medio y solo el 7% exhibía un riesgo alto. También que el 57% presentaba un bajo riesgo de conflictividad.

En su informe, el comisionado parlamentario aseguró que, desde el punto de vista legal, están dadas las condiciones para implementar un “modelo diferente” que evite que las mujeres con hijos, que no representen peligrosidad y que hayan cometido delitos leves, no terminen en prisión. En diálogo con El País, Petit advirtió que el mero hecho de concederles prisión domiciliaria no tiene sentido si estas mujeres, como sucede en la mayoría de los casos, están inmersas en un contexto de vulnerabilidad económica y social.

En su visión, hay que ir pensando y estructurando programas que aborden esta problemática de manera integral.

Deberá haber, dijo, intervenciones focalizadas entre todos los los organismos estatales involucrados para garantizar que esta mujeres, obligadas por la falta de alternativas, tengan que cometer un nuevo delito que les signifique su vuelta a prisión.

Petit valoró una serie de medidas recientemente implementadas por el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Unidad 9, pero sostuvo que la solución está lejos de pasar por la creación de más plazas para mujeres con chicos en las cárceles.

“Es como querer matar un mosquito con una bazooka”, concluyó.

La Cámara de Representantes comenzará a debatir en marzo un proyecto que establece una nueva regulación para el instituto de la prisión domiciliaria. La iniciativa, aprobada por el Senado con votos del oficialismo, establece una serie de condiciones que el juez deberá considerar para otorgar ese beneficio. Allí se prevén un conjunto de “circunstancias” que impedirían a los imputados su estancia en prisión. Entre las causas que motivarían su imposición, está el hecho de que se trate de una mujer embarazada que ya haya superado el mes de gestión, o que su embarazo le representa riesgos para sí misma o para el bebé, o que esté en período de lactancia.

La iniciativa prevé en uno de sus artículos los casos de “una mujer que esté a cargo de niño mayor de cinco años de edad que padezca problemas de salud o no tuviera otra persona que se haga cargo de él”. Se establece que, para la prisión domiciliaria, el juez debe contar con informe previo de una junta médica, debiendo tener el acuerdo del fiscal a cargo del caso.