Entre 2007 o 2008 hasta 2016, el exsindicalista Marcelo Balcedo tuvo a un abogado en Uruguay, Damián Burgueño, que lo ayudó a lavar dinero con los que compró bienes de lujo, concluyó el juez Fernando Islas en su sentencia, en la que condenó al profesional a una pena de dos años y ocho meses de libertad vigilada. De esta forma, Balcedo logró hacerse de padrones para su icónica mansión, motos de agua, autos y más. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué rol tuvo Burgueño para convertirse en el primer enjuiciado y condenado por solo delitos de lavado?

Para la Justicia, Burgueño participó de delitos de lavado de activos de dos formas distintas. Por un lado, lo hizo con la creación de sociedades “pantalla” para esconder el origen real de los fondos (que eran de Balcedo) y, por otro lado, administrando el patrimonio de la pareja y realizando distintas gestiones como son el pago de sueldos a funcionarios, la contratación de servicios a su nombre, y el contacto de distintos proveedores.

Pero además, la relación entre el abogado y Balcedo era de confianza y estaba atravesada por los lujos. “Viajé a México, me invitó Balcedo, de placer, con el médico, unos amigos de él, viajamos en avión privado… Yo no pagué el viaje, como modo de compensación los invité a cenar a todos a Miami y pagué USD 1.000 la cena, en efectivo”, declaró una vez ante funcionarios de la DGI. En la sentencia se describe el vínculo como "íntimo", puesto que compartían sobre las familias de ambos.

El delito de lavado de dinero implica la comisión de un delito precedente (es decir, uno anterior del cual habría surgido este dinero ilegítimo que se pretende “lavar”). En este caso, fue considerado por el juez Islas dos tipos de delitos precedentes. En primer lugar, los cometidos por Balcedo y su esposa Paola Fiege en Uruguay y por los que fueron condenados el 1º de octubre de 2020. Pero, además, Islas consideró los delitos imputados en Argentina que fueron la “administración infiel del sindicato Soeme, la afiliación compulsiva de personas al sindicato, maniobras vinculadas a lavar el dinero generado por la banda narco “Los Monos” de Rosario, entre otros.

Ni Fiege ni Balcedo como personas físicas tenían dinero declarado ni actividades en Uruguay. Tampoco lo tenían las sociedades en las que Fiege era accionista y beneficiaria final. “Resulta llamativo, además, que no posea bienes ni servicios a su nombre pero sí a nombre de Balcedo”, argumentó a propósito de eso, la fiscal Jessica Pereira en sus alegatos de cierre.

Estas sociedades anónimas, no tenían ingresos y, según constató la Justicia, “se utilizaban para que figuraran como titulares de bienes valuados en millones de dólares”. En ese sentido, Islas citó lo declarado por el defensor de Burgueño, el exsecretario de la Presidencia y excanciller, Gonzalo Fernández, en una conferencia sobre lavado de activos. “Acumulamos sociedades cuya única existencia es una carpeta. Entonces eso es hipocresía. Porque esas sociedades se constituyen obviamente para maquillar el origen o la titularidad de determinados bienes”, resaltó Fernández en esa oportunidad, y recogió ahora Islas. También defendió a Burgueño en el juicio el abogado Marcelo Domínguez.

A través de esas sociedades pantallas, se consumó la compra de padrones de la mansión El Gran Chaparral, motos de agua, un jet sky, dos autos, entre otras cosas. A su vez, Argentina hizo una lista de bienes que, entiende, se adquirieron con dinero mal habido y, además de lo mencionado, hay, por ejemplo, un Ferrari modelo California.

Durante el juicio, se relevó la situación de nueve sociedades anónimas, que estaban prácticamente en la misma situación: en todas a excepción de una –Martok S.A– no tenían funcionarios, no tenían ingresos, pero sí egresos. En siete de estas sociedades, figuraba Fiege como accionista y beneficiaria final. Las otras dos, tenían en esta calidad al propio Burgueño.

De todas formas, el abogado Burgueño ofició de director durante distintos periodos de tiempo de todas estas sociedades, lo que ha juicio de la Fiscalía demostraba que estaba en connivencia con la maniobra.

Al pasar los fondos por estas sociedades anónimas, obviaba fundamentar su origen, logrando el primer paso para ingresarlos al sistema financiero.

Hay tres que son especialmente destacables:

1. Mimbon S.A: esta es una de las sociedades en las que Burgueño aparecía como accionista y beneficiario final. Sin embargo, las acciones se encontraron en cofres fort que eran propiedad de Balcedo y Fiege. Esta sociedad es permisaria de la frecuencia radial 89.5 Global FM, que fue adquirida por el valor de US$ 300 mil. Aunque ese dinero lo aportó Balcedo, según arrojó la investigación, tenía entre las contrapartidas el hecho de que él podría replicar ese contenido en radios argentinas de las que él se arroga la propiedad. Ese supuesto préstamo de Balcedo a Burgueño no quedó registrado en ningún lugar y tampoco se pautaron intereses, según surge de la declaración de ambos. El exsindicalista declaró en el juicio que él “jamás” le prestó dinero a su abogado y que la radio es de él. De hecho, el predio en donde está ubicada es arrendado por Balcedo y la fiadora es Martok S.A.
   
2. Martok S.A: como en otras seis sociedades, la accionista y beneficiaria final es Fiege. El motivo por el que fue inscripta fue la “explotación agropecuaria mixta” y es la única que tenía personal dependiente: 16 empleados. Con ella, se adquirieron bienes inmuebles por US$ 5 millones (entre los que hay al menos un padrón de El Gran Chaparral) y vehículos por US$ 1.901.640. Además, se realizaron negocios por los que se arrendó y compró maquinaria rural. 
   
3. Mixoy S.A: a través de esta sociedad, de la cual Burgueño era beneficiario final y propietario de las acciones, compró su auto BMW.

Hay dos personas —una mujer y Hebert Da Cunha— que también fueron directores de estas sociedades mencionadas. Sin embargo, reconstruyó El País, nunca pudieron ser ubicados en Uruguay a fin de que se los investigue por los mismos delitos que se investigó a Burgueño. En el caso de Da Cunha, fue imputado en Argentina por presuntamente haber formado parte de la asociación que llevaba adelante Balcedo, vinculada a Soeme.

En Uruguay, estuvo indagada por este caso la escribana que actuó en varios de estos trámites, pero el fiscal que actuó en su momento entendió que correspondía pedirle el sobreseimiento.

Un día de marzo de 2013, Burgueño se presentó en el Banco República y afirmó que tenía una clienta que tenía que ingresar US$ 500 mil que tenía guardados en un cofre. Como le exigieron que justificara el origen de los fondos, se formuló una hipoteca en la que Balcedo le dio el dinero a Fiege (el que ella depositó en dos entregas de US$ 210 mil y US$ 290 mil respectivamente). La garantía de esta hipoteca era el Chalet Sougnion, otra propiedad de Balcedo pero que figuraba a nombre de Fiege.

Esto se vio acreditado por la declaración de Balcedo en juicio, quien se reconoció como el dueño de ese Chalet. Es decir, la propiedad que debía ejecutar si no le pagaba la hipoteca no era de Fiege sino propia.

No hay ningún registro de que ese dinero haya sido devuelto ni de que se haya ejecutado la hipoteca.

En esta maniobra, la Fiscalía le endilgó a Burgueño haber participado de la estratagema para blanquear ese dinero.

Foto: Ricardo Figueredo

La mansión de los Balcedo-Fiege está compuesta por 12 padrones. Hubo una serie de ellos que fueron comprados a través de una maniobra que también se le reprocha a Burgueño. Aunque los vendedores de los padrones eran diferentes, eran representados todos por un mismo abogado.

Con la finalidad de evitar el control del sistema financiero y la figuración de sus nombres, se pagó esos padrones en 40 cuotas y, aunque algunos se atribuyeron a Fiege como persona física, otros se atribuyeron a sociedades de ellos, como Martok. S.A. Así, Burgueño viajaba con US$ 50 mil en su auto desde Piriapolis hasta Montevideo mensualmente. Así, llegó a pagar US$ 2.300.000.

Se los daba en la puerta del banco al abogado que representaba a los compradores, quien hizo el depósito.

Ese abogado sí tenía forma de justificar el ingreso del dinero al banco, puesto que era producto de la venta de los padrones de sus representados. Sin embargo, de esta forma, los nombres de Balcedo, Fiege y Burgueño, no quedaba registrado a nivel bancario.