Por Eduardo Barreneche
En 2011 y 2012, los entonces senadores Gustavo Penadés (Partido Nacional) y Lucía Topolansky (Frente Amplio) fueron los parlamentarios que tuvieron un mayor protagonismo en las negociaciones para la designación del abogado y exjuez, Jorge Díaz, como fiscal de Corte.

El 5 de octubre de 2021, Díaz renunció a su cargo y dejó al frente de la Fiscalía al fiscal adjunto, Juan Gómez.

Durante esta administración, las negociaciones para nombrar a un nuevo fiscal de Corte fueron tirantes entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Al punto tal que hasta este momento no se alcanzaron las mayorías especiales que son necesarias para su designación en el Parlamento.

El nombre de Díaz fue manejado por la izquierda para integrar la Suprema Corte de Justicia, pero Cabildo Abierto lo rechazó de plano. El sector entendió que Díaz fue el promotor de la investigación penal contra el entonces excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, hoy senador y líder de Cabildo Abierto.

Días atrás, de manera informal, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, trasmitió a algunos coordinadores de los partidos de la coalición de gobierno que los invitará, después del 1° de marzo cuando termine el receso legislativo, a una reunión para analizar las prioridades parlamentarias de este año.

Según supo El País, en el encuentro el senador blanco Gustavo Penadés planteará la necesidad de buscar acuerdos dentro de la coalición sobre un posible nombre para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte para luego negociar con los representantes del Frente Amplio, Liliam Kechichian y Charles Carrera.

Penadés dijo a El País que, en este período de gobierno, no habrá renovación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque no hubo acuerdos entre la coalición y el Frente Amplio.

Las vacantes de ambos organismos se ocuparon por antigüedad. Tampoco habrá cambios en la integración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

“Lamentablemente no logramos acuerdos con la oposición. Se estuvo muy cerca de alcanzar un consenso para la Suprema Corte y el TCA”, recordó Penadés. Y agregó que “queda por delante” la designación del fiscal de Corte, ya que Gómez deja su cargo en 2025.

En junio del año pasado, en la Rendición de Cuentas se estableció que, en caso de que Gómez solicitara licencia, su cargo será ocupado por los fiscales más antiguos: Mónica Ferrero (Estupefacientes) y Enrique Rodríguez (Lavado de Activos). Por el momento Gómez no salió de licencia.

Según Penadés, si no hay acuerdo entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio, Ferrero y Rodríguez quedarán al frente de la Fiscalía. Una fuente del Partido Nacional dijo a El País que el nombramiento de nuevas autoridades en la Fiscalía se transformó en un tema que ganó importancia en los últimos meses porque ello estabiliza al organismo.

Además, sostuvo que Gómez generó mucha expectativa cuando quedó al frente de la Fiscalía de Corte luego de su destacada trayectoria como fiscal de Homicidios donde debió investigar casos que sacudieron a la opinión pública. “Pero después su figura cayó en la consideración pública. Cabildo Abierto lo cuestiona”, dijo la fuente nacionalista.

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, afirmó a El País que Gómez cometió errores por decir que no hubo un allanamiento a la Radio Azul FM y luego un jerarca de la Policía lo desmintió.

Lozano recordó que también generó molestias dentro de Cabildo Abierto que Gómez calificara de impresentable un proyecto de ley de los cabildantes que pretendía ampliar el delito de prevaricato, para jueces y fiscales que incurran en un erróneo desempeño de forma intencional.

El senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez consideró que los acuerdos para nombrar al titular de la Fiscalía de la Nación están trancados porque hay diferencias dentro de la propia coalición de gobierno. “Ello dificulta el diálogo con el Frente Amplio”, expresó Sánchez a El País.

Otro tema que se discutirá en la reunión de coordinadores de bancada convocada por Argimón será un planteo de Cabildo Abierto de que se instale un contencioso con el Partido Colorado para analizar la integración de la Corte Electoral.

El senador Lozano dijo a El País que el Partido Colorado “no quiere” dejar el puesto en la Corte Electoral que, según sostiene, pertenece a Cabildo Abierto en función de la proporcionalidad de la votación lograda en las últimas elecciones.

El legislador señaló que el Partido Colorado cuenta con dos ministros en la Corte Electoral: José Garchitorena y Juan Máspoli y la Secretaría Ejecutiva del organismo que tiene relevancia.

Lozano señaló que, de acuerdo a la proporcionalidad de la votación, a Cabildo Abierto le correspondía un ministro en la Corte Electoral.

“Un sector colorado no quiso cumplir con la proporcionalidad de la votación. Había acuerdo con el Partido Nacional y el Frente Amplio, pero el Partido Colorado no dio ese cargo”, insistió Lozano.

El senador colorado, Germán Coutinho replicó: “El reclamo de Cabildo Abierto es real. Si se analiza la representatividad en las elecciones, la integración de la Corte Electoral no es la prevista. Pero dicha conformación se llega en función de acuerdos políticos y no de votos. Si hay un acuerdo político estamos dispuestos a acatarlo, pero no lo hay”.