USURPACIONES

En dos años, entre marzo de 2019 y marzo de 2021, en el departamento de Maldonado se registraron 491 denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas o terrenos. Se trata de un 15% de las denuncias por usurpaciones realizadas en todo el país, que en ese período fueron 3.128.

Los datos se desprenden de un pedido de informes que el diputado nacionalista Diego Echeverría cursó a la Fiscalía General de la Nación, y que fue respondido esta semana.

El legislador señaló a El País que no solo le parecía “preocupante” la elevada “cantidad” de casos reportados en el departamento, sino que también le llamaba la atención que en muy pocas situaciones las denuncias culminaran con personas responsabilizadas por la Justicia.

Es que de acuerdo al informe, al que tuvo acceso El País, las formalizaciones penales por el delito de usurpación equivalen al 1,8% de las denuncias presentadas a nivel nacional, guarismo que en Maldonado es incluso más bajo: solo el 1,4% de los casos terminaron con al menos una persona imputada, aunque no se especifican detalles acerca de las penas otorgadas.

Una de las últimas ocupaciones ilegales en Maldonado fue detectada en abril de este año, en el balneario de Playa Verde. Allí, en los alrededores del Cerro del Burro, comenzaron a verse la instalación de carpas y la construcción de viviendas precarias, ante lo cual intervino la intendencia, que notificó a los ocupantes que estaban en irregularidad, y actuó además el fiscal Schiubert Velázquez.

Sin embargo, debido a la feria judicial sanitaria, la indagatoria no avanzó y las personas todavía no fueron citadas. “Siguen viviendo ahí”, confirmó a El País Alejandro Lussich, director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la comuna fernandina.

Lo mismo ocurre -aunque ya no por la feria- en los balnearios de Punta Negra, Sauce de Portezuelo, Buenos Aires, en la localidad de La Capuera y en el asentamiento Los Eucaliptus. “Todos están en vía judicial”, dijo el jerarca.

La poca respuesta del Estado ante estas situaciones -que también se vienen dando Montevideo, Canelones, San José y Rocha, entre otros lugares-, refleja un problema que viene en aumento y que llevó al diputado Echeverría a presentar al Parlamento un proyecto de ley que procura brindar más herramientas jurídicas al Poder Ejecutivo y las intendencias para acelerar los procesos de desalojo.

“Creo que a veces la falta de reacción del Estado es lo que genera un terreno fértil para el avance de las ocupaciones ilegales, a cargo de organizaciones profesionales que cuentan con recursos humanos, técnicos y materiales para llevarlas adelante”, dijo el legislador. “Y esto genera, a su vez, inseguridad jurídica que afecta a la inversión privada”, agregó.

La iniciativa de Echeverría fue apoyada a mediados de mayo por exministro del Interior Jorge Larrañaga -pocos días antes de su muerte-, que se reunió con el diputado y declaró luego que “la usurpación no genera derechos”. “Es un tema que se vincula nada más ni nada menos que con el derecho a la propiedad, con el Estado de derecho, la convivencia y el orden jurídico”, expresó el fallecido jerarca.

Echeverría mantuvo también reuniones con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y con los ministros de Vivienda, Irene Moreira, y Ambiente, Adrián Peña, titulares de organismos que deberán tener un rol activo en el control de las ocupaciones si su proyecto prospera.

“Ahora estamos planteando que tanto el Poder Ejecutivo como las intendencias puedan solicitar ante la Justicia la desocupación inmediata, sea un terreno público o privado”, detalló el diputado.

El proyecto contempla, además, la posibilidad de que el Estado plantee acciones de amparo, como lo hicieron, paradójicamente, tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo, con resultado favorable a sus intereses.