Redacción El País
La audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre Marea Frenteamplista, el sector que lidera el senador Mario Bergara, y la diputada suplente Martina Casás, quien denunció acoso sexual por parte del titular de la banca, Gustavo Olmos, finalizó sin acuerdo entre las partes.

La abogada del sector frenteamplista, Marina Morelli, dijo que el reclamo de la legisladora le parece “poco serio y contradictorio con la realidad”, alertó sobre “el enorme riesgo que genera colocar estos temas en los medios de comunicación” y criticó “el raid mediático” en el que se difundió la denuncia.

Por otra parte, el abogado de la denunciante, Juan Raúl Williman, defendió que Casás diera su versión de los hechos luego de que hiciera pública la situación.

La diputada suplente presentó el reclamo contra Marea Frenteamplista por ser su empleador, ya que era asesora del grupo, y además contra Olmos, por ser el titular de la banca. La defensa de Casás pide US$ 25 mil por varios conceptos: despido abusivo e indirecto, aguinaldo, multa por la omisión de pago de créditos laborales, licencia y salario vacacional. Para la abogada del sector denunciado, resulta “poco serio y contradictorio con la realidad” el reclamo, porque la legisladora “se considera despedida al día 31 de octubre del año 2023”, a pesar de que mantuvo actividad laboral con posterioridad a esa fecha. “Alguien que se considera despedida es alguien que no hace tareas, es alguien que no recibe el pago de salario, es alguien que no conmina por ejemplo a dividir las vacaciones y tomarse la licencia dos días en enero y otros días en febrero, al año siguiente en el que se consideró despedida. Entonces, hay contradicciones que son de hecho y que creemos que el lugar para dirimirlas no es en los medios, sino que las máximas garantías para ella, sobre todo para ella, es dirimirlas en sede judicial”, dijo.

La defensa de Casás tiene resuelto llevar el reclamo a la órbita de la Justicia de Trabajo, además de la vía penal, que ya fue activada al presentar una denuncia por abuso sexual contra el legislador, el que, a raíz de estos pasos, tomó licencia.

La abogada de Marea Frenteamplista apuntó contra la denunciante y su abogado por la forma en la que han difundido el tema. “El ámbito para discutir no es un raid mediático, sino que es el ámbito judicial”, insistió Morelli, quien expresó en la audiencia y ante la prensa su “preocupación por el manejo mediático de esta situación”, que surge de “una decisión voluntaria, meditada y organizada de poner en conocimiento público una situación que debe ser reservada”.

“Debemos contribuir todos para no hacer un show de la violencia, banalizar los temas de violencia y generar riesgos que son muy elevados para las personas que dicen haberla padecido; necesitamos mayor responsabilidad”, planteó la abogada. En referencia “a los últimos raid mediáticos”, la abogada dijo que “es una forma muy poco responsable y que va contra las garantías básicas en un caso de acoso sexual, de violencia en el ámbito laboral”.

Williman, en tanto, se defendió ante este planteo. “Ni siquiera fue Martina la que llevó este tema al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Lo llevaron por ella, y salió en todos lados. Y ella obviamente, después de que el tema se hizo público, dio su versión de los hechos, y está muy bien que lo haga. Dijo básicamente a través de su abogado o ella misma o de otros voceros lo que le pasó. No tiene ningún impedimento. No hay ninguna reserva. De hecho la única reserva penal es en materia de prueba; esa prueba está en Fiscalía y es reservada”, dijo el abogado a El País.

Morelli, por su parte, afirmó que estudió “la prueba” y que sus “conclusiones difieren en mucho de todo eso que se ha divulgado en la prensa”, por lo que recomendó a Marea Frenteamplista que rechace la propuesta de conciliación, como efectivamente sucedió.