El exdirector de la Policía Nacional durante el último gobierno del Frente Amplio, Mario Layera, declaró en calidad de indagado ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, que desde 2019 tiene a cargo la investigación por la fuga de Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito, y los traslados y visitas conyugales que recibía el narcotraficante Gerardo González Valencia.

Según indicaron a El País fuentes judiciales, quien fue el número uno de la Policía entre 2016 y 2020 —durante el último gobierno del Frente Amplio y hasta el cambio de mando por la actual administración— declaró el viernes pasado por la investigación de Lackner que está vinculada al delincuente mexicano, extraditado a Estados Unidos por la Justicia uruguaya en mayo de 2020.

Layera —hombre de confianza del fallecido exministro Eduardo Bonomi— asistió al interrogatorio de Lackner con asistencia legal, y allí fue consultado por “los movimientos” que hacía este recluso entre el Penal de Libertad y la Cárcel Central, que por entonces funcionaba en el edificio de 18 de Julio y Carlos Quijano.

Por esta línea de investigación, de hecho, Lackner ya solicitó la imputación a fines de julio de este año de un capitán de la Guardia Republicana, por reiterados delitos de abuso de funciones, pues el Ministerio Público determinó que hubo 12 traslados del recurso entre un centro penitenciario y otro.

El fiscal Lackner también tiene la convicción de que González Valencia llegó a reunirse al menos dos veces con Morabito, quien se fugó de Cárcel Central en junio de 2019 y el año pasado fue recapturado en el norte de Brasil y extraditado a Italia.

Consultado por El País, Layera evitó hacer declaraciones porque entiende que hay un compromiso de mantener la reserva de la investigación, algo que el fiscal Lackner a su criterio “ha respetado”. “Yo quiero respetar lo mismo”, se limitó a responder, y agregó que se encuentra “a la orden de la Justicia, como siempre”.

El narcotraficante González Valencia, líder de Los Cuinis, había sido detenido hace más de seis años, en Punta del Este. El 23 de abril de 2016 fue procesado por lavado de activos junto con su esposa y otras cinco personas de su entorno.

También fue acusado de cometer un crimen en la década de 1990 en California (Estados Unidos) y se le imputa en una causa por tráfico de cocaína y anfetaminas en territorio estadounidense, que es el motivo por el que el gobierno de ese país había pedido su extradición.