El exdirector de la Policía Nacional durante el último gobierno del Frente Amplio, Mario Layera, declaró en calidad de indagado ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, que desde 2019 tiene a su cargo la investigación por la fuga de Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito, y los traslados y visitas conyugales que recibía el narcotraficante Gerardo González Valencia.

Según indicaron a El País fuentes judiciales, quien fue el número uno de la Policía entre 2016 y 2020 -durante el último gobierno del Frente Amplio y hasta el cambio de mando por la actual administración- declaró el viernes pasado por la investigación de Lackner que está vinculada al delincuente mexicano, extraditado a Estados Unidos por la Justicia uruguaya en mayo de 2020.

Layera -hombre de confianza del fallecido exministro Eduardo Bonomi- asistió al interrogatorio de Lackner con asistencia legal, y allí fue consultado por “los movimientos” que hacía este recluso entre el Penal de Libertad y la Cárcel Central, que por entonces funcionaba en el edificio de San José y Carlos Quijano.

Por esta línea de investigación, de hecho, Lackner ya solicitó la imputación a fines de julio de este año de un capitán de la Guardia Republicana, por reiterados delitos de abuso de funciones, pues el Ministerio Público determinó que hubo 12 traslados del recurso entre un centro penitenciario y otro.

El fiscal Lackner también tiene la convicción de que González Valencia llegó a reunirse al menos dos veces con Morabito, quien se fugó de Cárcel Central en junio de 2019 y el año pasado fue recapturado en el norte de Brasil y extraditado a Italia.

Las preguntas de Lackner al policía retirado, de acuerdo a las fuentes, se centraron en “entender” cómo funcionaban en esos años los traslados y movimientos de los recursos de máxima peligrosidad, así como también sacarse “dudas” sobre “cómo eran los trámites de las visitas conyugales”.

Consultado por El País, Layera evitó hacer declaraciones porque entiende que hay un compromiso de mantener la reserva de la investigación, algo que el fiscal Lackner a su criterio “ha respetado”. “Yo quiero respetar lo mismo”, se limitó a responder, y agregó que se encuentra “a la orden de la Justicia, como siempre”.

El narcotraficante González Valencia, líder de Los Cuinis, había sido detenido hace más de seis años, en Punta del Este, pero había llegado a Uruguay con su familia en 2011.

El 23 de abril de 2016 fue procesado por lavado de activos junto con su esposa y otras cinco personas de su entorno.

También fue acusado de cometer un crimen en la década de 1990 en California (Estados Unidos) y se le imputa en una causa por tráfico de cocaína y anfetaminas en territorio estadounidense entre 2003 y 2016 -como ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado- que es el motivo por el que el gobierno de ese país había pedido su extradición.

Asimismo, está acusado de integrar el conocido cartel Jalisco Nueva Generación.

González Valencia es recordado en Uruguay, entre muchas otras cosas, porque en mayo de 2016 amenazó al entonces ministro Eduardo Bonomi. Desde la cárcel, dijo que lo iba a “colgar del puente más alto”, tal como informó en aquel momento el semanario Búsqueda.

Las amenazas del narcotraficante habían sido efectuada el 26 de mayo de ese año, cuando le habían tomado declaración para conocer el origen de unos condimentos que fueron descubiertos en su celda la noche previa.

Este delincuente afirmó en esa oportunidad que la pimienta y el adobo que estaban en el lugar donde se encontraba recluido ya estaban allí.

Cuando el policía que lo interrogaba le preguntó si tenía algo más para agregar, respondió que sí.

“Me torturaron. Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior, Bonomi, sigue mandando sus guardias a torturarme que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar”, dijo, y después firmó su declaración.

Concretar la extradición del narcotraficante fue una de las obsesiones de Jorge Larrañaga -fallecido en mayo de 2021- cuando asumió al frente del Ministerio del Interior en marzo de 2020.

Tras un largo periplo judicial, la Justicia dictaminó esa extradición en mayo de ese año, y el día señalado la cartera de seguridad montó un operativo policial de grandes dimensiones para trasladar al recluso hasta el Aeropuerto de Carrasco.