COLETAZOS DE LA FRUSTRADA REGASIFICADORA

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La expresidenta de Ancap y exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, presentó una demanda laboral contra el Estado reclamando $ 7.200.0000 más reajustes e intereses por supuestos salarios impagos, indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios. También exige el pago de una multa.

Gas Sayago es una empresa cuya propiedad corresponde a UTE (80%) y Ancap (20%). Hoy en proceso de liquidación.

Un informe interno de UTE al que tuvo acceso ayer El País señala que Gas Sayago no tuvo reclamos laborales en 2020.

Y agrega que Jara citó a UTE, Ancap y a Gas Sayago a una audiencia de conciliación el 17 de junio de 2020, donde presentó sus reclamos laborales. En ese momento, los abogados de UTE rechazaron todos los reclamos de la exjerarca del gobierno anterior.

El 19 de febrero de este año, UTE, Ancap y Gas Sayago recibieron la demanda laboral de Jara, la cual fue contestada por abogados de esas empresas el 12 de marzo pasado.

En el documento, los profesionales rebatieron todos los rubros reclamados por Jara, entre ellos la posibilidad de su reingreso a Gas Sayago.

Argumentaron que al haber ocupado el cargo de presidenta de Ancap, el artículo 200 de la Constitución de la República le impide trabajar en una subsidiaria.

Dicho artículo señala: “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte”.

Al finalizar el escrito de réplica de la demanda, los abogados de Gas Sayago solicitaron a la Justicia que rechazara totalmente los rubros reclamados por Jara.

Antes de iniciar su demanda laboral en febrero de este año, Jara realizó acciones administrativas tendientes a regresar a su cargo como gerenta general de Gas Sayago.

A principios de mayo de 2020, la ingeniera publicó una carta en la que expresaba que su “intención nunca fue cobrar un sueldo sin tener una tarea asignada ni cobrar un subsidio al mismo tiempo, sino evidenciar esta situación que perjudica a ambas partes y que se agrava en la medida en que se dilate la indefinición”.

Jara había pedido licencia sin goce de sueldo en Gas Sayago para ocupar la presidencia de Ancap y remitió un telegrama colacionado al directorio de UTE haciendo saber que desde el 20 de marzo de 2020 estaba a la orden, y agregó que no se le ha asignado tarea en la empresa Gas Sayago.

En el telegrama, además, intimó a que se le pagara por los días que estuvo a la orden y pidió que se aclarara su situación laboral con respecto a Gas Sayago Sociedad Anónima.

El salario de Jara en Gas Sayago superaba los $ 400.000 por mes.

El 29 de noviembre de 2020, el directorio de UTE adjudicó la licitación para la contratación de una auditoría que analizara todos los gastos de Gas Sayago. La consultora designada fue Price Waterhouse Coopers (PWC), única empresa que se presentó al llamado.

La auditoría no comenzó en forma inmediata. Ancap no quería firmar un documento de confidencialidad solicitado por PWC, según dijo a El País una fuente gubernamental. Existieron controversias entre los abogados de Ancap y los de Price Waterhouse Coopers sobre este tema.

“Finalmente Ancap firmó en marzo de este año ese documento”, agregó la fuente.

En cambio, UTE y Gas Sayago ya habían aceptado dicha confidencialidad. Los auditores ya cuentan con toda la información proveniente de esas dos empresas y ahora trabajan en Ancap.

Entre los gastos que deberá analizar dicha auditoría se encuentran facturas por gimnasia laboral, masajes y fisioterapia para todos los funcionarios de Gas Sayago, según consignó El País el 1 de noviembre de 2020.

Esos documentos fueron entregados a los auditores de PWC por parte de Gas Sayago. Cuando finalice el estudio de la auditoría, los directores de UTE y Ancap evaluarán si hay mérito o no para una denuncia penal.

Consultado por El País, el director nacionalista de UTE, Felipe Algorta, dijo ayer que la auditoría en Gas Sayago continúa en proceso a través de la empresa adjudicataria que tiene tres meses más de trabajo para entregar el informe final, con el que el directorio del ente evaluará los pasos a seguir.

“No quisiera dar una opinión definitiva. Simplemente, con los elementos que han trascendido en la prensa, nos llaman la atención cosas como las contrataciones de personal trainer y los extensos viajes al exterior en una empresa que nunca llegó a funcionar. O cosas que aparecen en informes de la comisión legislativa como la adjudicación a la empresa brasileña OAS”, afirmó Algorta, quien promovió la investigación administrativa en Gas Sayago en el directorio de UTE.

Y agregó: “Está claro que Gas Sayago fue un negocio ruinoso para el Estado uruguayo, negocio que fue liderado, entre otros, por el exdirector de Energía Ramón Méndez”.

La obra de la regasificadora representó pérdidas para el país de unos US$ 150 millones, según señalaron fuentes de UTE, aunque no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición en torno a estas cifras.

Los pilotes de la obra, ubicados frente a Puntas de Sayago, son recordados por la opinión pública tras una charla entre el entonces candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el exdirigente del MLN Jorge Zabalza. Además de afear el paisaje costero, hoy los pilotes representan un problema. Algunos de ellos cayeron y su retiro cuesta US$ 8 millones. Ese tema se analizó en UTE. El gobierno trata de llegar a un acuerdo con una empresa para que los use en la construcción de un muelle.