Durante varias semanas el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y los abogados defensores de la corredora de Bolsa Sara Goldring, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, negociaron un acuerdo de ir a un juicio abreviado.

Ello representaba que Goldring reconociera que había incurrido en un delito de apropiación indebida tomando fondos de unos inversionistas para cubrir pérdidas de otros.

En las negociaciones, donde el fiscal Rodríguez llegó a enviar un escrito de preacuerdo a Fernández y a Domínguez, se manejó una pena para Goldring, que tiene 74 años y no enfrentaría prisión por un delito de apropiación indebida. No trascendió en qué consistió dicha pena.

Hace una semana, la defensa de Goldring llamó al fiscal para trasmitirle que su clienta no quería asumir que incurrió en un delito de apropiación indebida porque había puesto de su patrimonio US$ 25 millones para detener la caída de las acciones de clientes que habían invertido en sus dos empresas corredores de Bolsa (Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S. A. y United Brokers S. A. Agente de Valores).

Si Goldring reconocía que había incurrido en un delito de apropiación indebida como planteaba el fiscal, iba a enfrentar posteriormente una tormenta de embargos.

Por ello, los abogados Fernández y Domínguez trasmitieron al fiscal que, por una razón moral, Goldring no quería admitir una apropiación indebida, ya que consideraba que no se apoderó de dinero ajeno para su propio beneficio. Así lo señaló la Fiscalía en su pedido de formalización ingresado ayer ante el Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno, cuya titular es la jueza María Helena Mainard.

En las negociaciones, la defensa de Goldring señaló a la Fiscalía que los fondos de los inversores habían sido depositados en las denominadas “cuentas ómnibus” (en ellas se registran valores en las que se inscriben operaciones de forma global). Este tipo de cuentas es habitual en el sistema financiero en Estados Unidos. La inversionista no pudo impedir que los bancos ejecutaran esos fondos, según dijeron fuentes del caso a El País.

Goldring, con 30 años de experiencia en inversiones en la Bolsa, pensó que la caída de las acciones de sus clientes era transitoria y que esta era una más de las “tormentas”. Sin embargo, dijeron sus abogados defensores al fiscal, en este caso Goldring no pudo sortear la bajada estrepitosa de las acciones.

Una llamada telefónica entre ambas partes dio por terminada la fase de negociaciones. Y el caso ingresará a un juzgado en una semana cuando la jueza Mainard cite a una audiencia de formalización de Goldring.

Al no llegar a un acuerdo que implicaba que Goldring se hiciera cargo de todas las irregularidades detectadas por organismos técnicos, el fiscal Rodríguez podrá apuntar la investigación hacia los dos hijos de la corredora de Bolsa. Uno de ellos, según los damnificados, tenía un rol preponderante en las empresas de Sara Goldring.

El fiscal Rodríguez tiene un plazo de un año para investigar. Detrás tiene a un equipo de profesionales del Banco Central del Uruguay (BCU), técnicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y de la Bolsa de Valores, que dispuso la intervención a las dos empresas de la corredora de Bolsa.

Eduardo Sassón integra el estudio Donnángelo-Durán-Sassón que representa a unos 80 de los 300 damnificados en el caso. “El pedido de formalización (contra Goldring) es un gran paso en relación a los hechos que hemos denunciado”, dijo Sassón a El País.

Y agregó que en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía existe un “sinfín de evidencias” que avalan su denuncia; entre otras cosas, resoluciones del Banco Central del Uruguay, informes y declaraciones emitidos por los profesionales de la Liga de Defensa Comercial.

Sassón sostuvo que, a su entender, también existen otras figuras delictivas que se configuraron en los hechos denunciados. “Y ello no solo en relación a la corredora imputada, sino en el entendido de que la enorme maniobra ilícita desarrollada supone necesariamente la colaboración y connivencia de otras personas”, expresó el abogado penalista.

La denuncia, presentada por el estudio Donnángelo-Durán-Sassón, coincide con la Fiscalía en que hubo, de parte de la empresaria denunciada, una “clara e inequívoca configuración del delito de apropiación indebida”.

En otro punto del escrito, los inversionistas damnificados señalan que Goldring habría incurrido en otros delitos como solicitar a sus clientes que firmaran documentos en blanco y una eventual falsificación de firma de uno de los inversionista realizada en 2016.

Por ello, la denuncia pide al fiscal Rodríguez que investigue ambas conductas.

Hay relatos emblemáticos dentro de los damnificados en el caso Goldring. El abogado Nicolás Ghizzo indicó que cinco empresarios brasileños denunciaron haber sufrido pérdidas por unos US$ 5 millones mediante presuntos ilícitos por parte de empresas de la corredora de Bolsa Sara Goldring. En tanto, la abogada Cristina Herdt representa a un inversionista portugués que también denunció a Goldring. El empresario invirtió US$ 3,6 millones y en su cuenta quedaron US$ 151.000, dijo en la denuncia.