El Ministerio del Interior ganó 13 demandas en los primeros nueves meses de este año que solicitaban pagos de indemnizaciones equivalentes a casi US$ 4 millones, muchas de ellas por casos muy sonados.
Solo cuatro de las demandas por reparaciones en dólares totalizaron US$ 2.086.400, mientras que nueve juicios civiles en pesos pidieron reparaciones por $ 71.038.000 (US$ 1.730.542 al tipo de cambio actual).
Además, dicho ministerio enfrentó cinco acciones de amparo sin reclamo pecuniario. Una de ellas fue presentada por una empresa de transporte contra un decreto que supuestamente afectaba su negocio; un particular reclamó la entrega de un bien que era de la cartera y no suyo, y tres acciones de exalumnos de la Dirección Nacional de Educación Policial que pedían las nulidades de resoluciones que dispusieron sus ceses.
Algunos juicios ganados por dicha Secretaría de Estado tuvieron que ver con casos que se hicieron públicos, como el robo millonario de una empleada de una conocida empresa automotora e importadora de vehículos, la muerte de un pequeño niño dentro de un inflable en un local de fiestas ubicado en el Buceo, la internación de dos hermanos en el Hospital Policial durante la pasada administración pese a que eran civiles y el asesinato de Valeria Sosa, bailarina de la comparsa Mi Morena.
En la lista también hay demandas que no se hicieron conocidas. Estas incluyen litigios impulsados por proveedores que perdieron licitaciones, policías que exigían pagos de nocturnidad y de supuestas partidas adeudadas, familiares de un exrecluso que murió en la calle y fue enterrado sin aviso, entre otros pleitos.
Los siguientes son los asuntos judiciales más destacados que enfrentaron los abogados del Ministerio del Interior en este año:
Polémica por licitación
Una empresa china reclamó en 2022 a la Secretaría de Estado el cumplimiento de contrato y el libramiento de una orden de pago a su favor por US$ 800.400. La demanda tuvo como base una licitación pública donde el Ministerio del Interior pretendía adquirir 31.400 pares de zapatos para la Policía.
La empresa china perdió la licitación. Sin embargo, en la Justicia Civil, la compañía demandante alegó la existencia de vicios en la adjudicación, incumplimiento del contrato y vulneración y violación de un derecho adquirido. En tanto, el Ministerio del Interior abogó por la desestimación total de la demanda.
Un fallo en primera instancia, fechado el 19 de abril de 2023, resultó favorable a la empresa. Sin embargo, el 1° de febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia. El asunto pasó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la que le dio la razón al Ministerio del Interior.
Robo de automotora
En 2017, Mónica Rivero desapareció tras robar US$ 7,6 millones durante 10 años a una conocida empresa e importadora de automóviles. Rivero se había ganado la confianza de sus empleadores y, con el correr del tiempo, logró ocultar sus retiros de dinero a través de una sofisticada ingeniería contable, ya que trabajó en el área tesorería de la firma durante más de dos décadas. Sin embargo, un faltante de US$ 198.000 encendió las alarmas.
Cuatro años más tarde, una hermana de Rivero reclamó una indemnización de $ 8 millones al Ministerio del Interior por allanamiento indebido, incautación de bienes y orden de captura no vigente, cierre de fronteras indebido y embargo de cuentas bancarias. También demandó al Poder Judicial y al Banco Central del Uruguay (BCU).
El 21 de junio de 2023, el Juzgado Civil de 19° Turno declaró la perención de la demanda (cierre del caso por inactividad).
Civiles en el Policial
El juicio refirió a una persona, Víctor Hernández, que fue impactada por un proyectil de un arma de fuego en el balneario La Paloma, Rocha. A raíz de esto, la víctima quedó inválida. El damnificado y sus familiares iniciaron en 2016 una demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior y otros organismos del Estado exigiendo una indemnización de $ 29.000.000.
En primera instancia, la Justicia Civil desestimó la demanda obteniendo así el Ministerio del Interior un abatimiento de un 100% del monto reclamado. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno. Poco después, la víctima y su familia llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia, la que también desestimó el reclamo.
El hecho trascendió a a través de la grabación de una charla —difundida por el programa Santo y Seña en Canal 4— en la que el senador Charles Carrera les pedía a la madre y el hermano de la víctima silencio sobre el tema. También allí se revelaba que Hernández venía recibiendo, de forma irregular, ayuda económica e internación y asistencia en el Hospital Policial.
Crimen de Valeria Sosa
En 2018, la madre, hermanos e hijos de Valeria Sosa, bailarina de la comparsa Mi Morena asesinada por un policía delante de su familia, iniciaron un juicio al Ministerio del Interior donde reclamaron una indemnización de US$ 1.050.000.
En primera instancia se condenó al Ministerio del Interior como único responsable a pagar US$ 250.000 de daño moral para cada uno de los hijos, US$ 200.000 para la madre y US$ 80.000 para cada uno de los hermanos, así como un lucro cesante a favor de los hijos por un monto a definir por otra sede judicial.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo y le atribuyó la responsabilidad del Ministerio del Interior en un 70% por entender que hubo causal del victimario.
Según las fuentes, los montos a pagar por el Ministerio del Interior se fijaron en US$ 65.000 para cada hijo por daño moral, US$ 35.000 para la madre, U$S 25.000 para una hermana y US$ 18.000 para cada uno de los hermanos.
La familia de Valeria Sosa interpuso una casación, la que fue desestimada por la Suprema Corte.
Condenado
Pero no todas son buenas noticias para el área jurídica del Ministerio del Interior. A principios de junio de este año, la cartera fue condenada a pagar US$ 20.000 a la hermana de hombre muerto a manos de la Policía en 2021. Jordanys Pérez González perdió la vida en un procedimiento policial realizado en una pensión ubicada en Paysandú y Minas, en el barrio Cordón. Estaba atrincherado y amenazaba con prender fuego el edificio.
En junio de este año, El Observador informó que el Juzgado de lo Contencioso Admnistrativo de 3er Turno condenó al Ministerio del Interior a indemnizar en unos US$ 16.000 a un repartidor extranjero de Pedidos Ya, tras ser golpeado e insultado por unos policías de Ciudad de la Costa que estaban trabajando en un accidente de tránsito en el que fue herido otro delivery.
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