CONTROVERSIA ENTRE CULTIVADORES Y POLICÍA

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Eran cerca de las 14:00 horas del pasado viernes cuando la Policía recibió una denuncia. Un club cannábico, ubicado en Camino del Jefe y Avenida Luis Batlle Berres, había sido hurtado por delincuentes.

Efectivos de la seccional 23 de la Jefatura de Policía de Montevideo acudieron al lugar de la denuncia, presentada por un hombre que dijo a los policías ser socio del club cannábico. Los policías se entrevistaron con el encargado del lugar, quien les indicó que el hecho había ocurrido la noche anterior, es decir, el jueves.

El hombre les mostró a los policías que el candado que protegía las plantaciones de marihuana estaba roto, y les dijo que se había dado cuenta de eso el mismo viernes en que se presentó la denuncia.

Los policiales de la seccional 23 observaron el lugar y constataron que faltaban 15 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado es de $ 1.500.000.

Según indicaron fuentes policiales a El País, las cámaras de seguridad que había en el lugar estaban fuera de servicio y tampoco se contaba con seguro.

El encargado dijo que la alarma que tenían no sonó al momento del hurto. El caso está siendo analizado ahora por personal de investigaciones de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Policía de Montevideo para tratar de esclarecer el hurto y capturar al o los responsables.

Este episodio generó un nuevo choque entre el Ministerio del Interior y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Desde que Jorge Larrañaga asumió la cartera de seguridad ha reiterado en varias ocasiones que pretende acceder a información sobre los clubes y autocultivadores que estén registrados en el Ircca. Su explicación se basa en dos motivos: cuidar los espacios de plantación legal de marihuana y llevar un control sobre los mismos para que no se excedan del marco legal.

El semanario Búsqueda informó el pasado jueves que la Secretaría Nacional de Drogas y el Ministerio del Interior están inmersos en una controversia sobre el posible acceso de la Policía a las direcciones de los autocultivadores y los clubes registrados en el Ircca. En este marco, el hurto del pasado viernes reeditó la puja.

Consultado por El País, el director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, manifestó: “Desde el Ministerio del Interior, con Jorge Larrañaga a la cabeza, reafirmamos la necesidad de contar con los domicilios de los 160 clubes cannábicos y de los más de 11.000 cultivadores”.

Calabria plantea que “por ley”, dentro de las atribuciones del servicio policial, “está la observación, información, prevención y represión del delito”.

Desde el Ircca, en tanto, se amparan en la ley 19.172 de regulación y control de cannabis, que prohibe a la Policía acceder a esa información por su “carácter de dato sensible”.

Calabria explicó a El País que el Ministerio del Interior está solicitando los datos al Ircca para, “en primer orden, prevenir delitos”. “Es para cumplir con uno de los cometidos esenciales del Ministerio del Interior y poder cuidar a los propios autocultivadores y clubes cannábicos que pueden ser, como han sido, atacados”, agregó en referencia a este último hurto valuado en $ 1.500.000.

En ese sentido, el director de Secretaría dijo que para que la Policía pueda “cuidar” esos espacios y a la “vecindad de los mismos”, debe “conocer dónde están ubicados”.

El segundo interés del Ministerio del Interior, sostuvo Calabria, radica en la represión al tráfico ilegal de estupefacientes. Este último punto es uno de los objetivos principales trazados por la nueva administración, ya que se entiende que el tráfico ilegal de droga repercute en otros delitos y es, como lo ha definido Larrañaga, “un veneno para la sociedad”. “Si bien hay cultivos de cannabis que están autorizados, lo que se exceda de esos límites es actividad ilícita y la persecución corresponde por ley a la Policía”, sostuvo el jerarca.

En esa línea, Calabria interpreta que “para poder cumplir con sus cometidos de prevención y represión, la Policía debe conocer los domicilios”. De todas maneras, explicó que “no se trata de que al Ministerio del Interior le haya despertado un ánimo inquisidor contra el cannabis”. “Lo que requerimos es lo básico para poder cumplir con los cometidos que por ley se asignan a la Policía. Son los mismos datos que se le fueron proporcionados a Fiscalía”, indicó Calabria y agregó: “No tendría sentido y sería inconsistente que desde el Estado se le brindara información a la Fiscalía y no a la Policía”.

Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Droga (SND), indicó a El País que no están habilitados a dar la información debido a la norma que rige. “Si la diéramos vulneraríamos la identidad”, explicó. En ese sentido, dijo que en el caso de los clubes cannábicos se puede dar la dirección sin vulnerar la identidad de la persona, pero argumentó: “También es verdad que uno de los requisitos para habilitar un club es que den el domicilio y esa exigencia nos genera deber de reserva, ya que la otorgan porque lo exigimos”.

Radío dijo que la SND es la encargada de fiscalizar los clubes y que la inspección es presencial y virtual. “A veces” se han constatado “irregularidades” como la presencia de personas que no están autorizadas a estar en el club, afirmó Radío. “Nosotros no autorizamos que entren personas ajenas ni para arreglar la electricidad”, indicó.

Si bien se han detectado irregularidades, Radío aclaró que fueron excepciones y que en su mayoría funcionan de forma regular. Agregó que en el último año cada club fue visitado por fiscalizadores (son cinco en total) dos veces.

El abogado penalista Martín Fernández, que ha estudiado la ley 19.172, dijo a El País que el pedido del ministerio “no es acertado”. “El Ircca exige determinadas condiciones de seguridad a los clubes (cámaras, por ejemplo) que, de alguna manera, deberían contribuir para que fuera posible investigar los hechos después”, consideró.