En un fallo resuelto por unanimidad donde la Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó a dos jerarcas, la ministra Doris Morales Martínez acusó al exdirector de la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, de haber incurrido en acoso laboral por acción u omisión. En ese contexto, un trabajador judicial se suicidó en 2023, porque los jerarcas de los Servicios Administrativos le fraccionaron la licencia en forma arbitraria.

La resolución, a la que tuvo acceso El País del miércoles 28, sostiene que, a criterio de la ministra Morales Martínez, Pesce "operaba" como gestor del acoso laboral existente en la Dirección de Servicios Administrativos, en tanto "es imposible" considerar que no tuviera conocimiento de las situaciones "probadas" en la investigación administrativa y posterior sumario.

Pesce renunció a su cargo el 4 de diciembre de 2023 luego que la Suprema Corte de Justicia decidiera el inicio de una investigación en su contra tras denuncias de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), las que fueron apoyadas por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

"(Pesce) cometió la misma falta que los hoy sumariados (director de Departamento de la Oficina Central de los Archivos Penales, Alzer Arezo, y el actuario adjunto, Ignacio Andrés Wilf)", entendió la ministra Morales Martínez según se relató en el fallo de la Corte.

"Bajo ningún parámetro puede considerarse que (Pesce) fuera ajeno a lo que sucedía en la oficina que tenía a su cargo y en caso de haberlo sido, demuestra una total inoperancia e ineptitud para el ejercicio de su cargo, en tanto, no es admisible considerar que un buen jefe no esté al tanto de todo lo que ocurre en el lugar de trabajo y de no estarlo, claramente omite una de sus funcionarios fundamentales", agregó la resolución firmada por todos los ministros.

Advirtió, además, que las irregularidades probadas en las investigaciones demuestran que tanto las subdirectoras como Pesce "debían estar al tanto de lo que ocurría", puesto que la gran mayoría de los testigos refieren al temor con el que se vivía y el clima tenso que rodeaba la actividad de esa sección del Poder Judicial, por lo que hoy se les atribuye "desprolijidades y arbitrariedades", así como el "trato inapropiado que se vivía en el lugar de trabajo".

La sentencia de la Corte no ahorró calificativos para describir el mal ambiente laboral en una repartición clave del Poder Judicial. "La particularidad de los hechos que se suscitaron en la Dirección General de los Servicios Administrativos y el tipo de liderazgo que ejercían ambos sumariados, supera con creces lo que puede suceder en una ficción", se indicó en el fallo de la Corporación.

La resolución señaló que testimonios de funcionarios de la Dirección General de Servicios Administrativos relataron a la instructora sumariante que eran controlados por Arezo a través de un sistema de video cámaras, que la jerarca manejaba desde su propia casa.

Una funcionaria dijo que Arezo controlaba los movimientos de cada uno de los trabajadores de los Servicios Administrativos a través del sistema de cámaras de videovigilancia. Esto, afirmó la resolución de la Corte, "significa que todos los funcionarios estaban en una especie de "Gran Hermano" donde Arezo los controlaba a toda hora y sabía todos los movimientos que se realizaba en la oficina".

La testigo dijo que trató en vano en encontrar la cámara dentro de su oficina.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia insistió sobre la mala utilización de las cámaras de vigilancia y advirtió que el accionar de los dos funcionarios destituidos —Arezo y Wilf— generaron un descrédito de la opinión pública sobre el accionar de la Justicia.

"No hay duda que (las cámaras) incumplían las más elementales normas relacionadas con su colocación y el realmente vergonzoso que el Poder Judicial hubiera mantenido una situación como la descripta en el expediente, sin perjuicio de que no hay duda que se transformaron en una herramienta hábil para que la señora Arezo desarrollara su tarea en claro exceso de sus potestades y verificando un accionar totalmente reñido con las más elementos normas laborales", agregó la resolución de la Corporación.

Todas las áreas comunes de la Dirección de Servicios Administrativos, por ejemplo la cocina, contaban con cámaras, con lo cual "se refuerza" lo declarado por los funcionarios de que Arezo controlaba cuanto tiempo demoraban en la cocina o cuando hacían uso de los baños, sostuvo la Corporación en su dictamen.

Los malos tratos en la dependencia judicial, según el fallo de la Suprema Corte, incluían la prohibición de reunirse a charlar en los pasillos, controlar la demora de los funcionarios al ir al baño o en la cocina, ejercer el poder a la hora de otorgar las licencias o llamar por teléfono a un trabajador 25 veces en un día para realizar supuestas precisiones sobre su trabajo, entre otros casos de acoso laboral.

Ante estas situaciones a las que consideró de extrema gravedad, la Suprema Corte de Justicia decidió enviar el expediente a la Fiscalía para determine si los jerarcas destituidos incurrieron en algún delito o no.

*En la primera versión de esta nota por error se atribuyó a Elena Martínez las afirmaciones de la ministra de Doris Morales Martínez. Las disculpas del caso a las involucradas.