"Mijo, si no fue la muchacha a trabajar, si no se reportó en el Comcar, voy yo. (Avisame) si fue y si no voy yo", dijo en un audio de WhatsApp una mujer de unos 50 años el 2 de enero, a las nueve de la mañana, a un contacto agendado con nombre de hombre. Cincuenta y cinco minutos después, fue detenida en esta cárcel, en la fila de visitantes que estaban siendo revisados previo a su ingreso al salón donde los reclusos se encuentran con sus familiares.

La mujer, ahora condenada, lo había hecho a cambio de una “habitación para vivir”, según explicó la fiscal adscripta de Estupefacientes de 4^to turno, Mariana Borges, en la audiencia judicial en la que se la condenó y a cuyo registro tuvo acceso El País. Así lo recogió la jueza en el fallo.

En este caso se pudo acordar una condena por la tentativa del delito porque la imputada fue detenida previo al ingreso de la droga. Ella se encontraba haciendo la fila para pasar al salón de visitas de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) cuando funcionarios penitenciarios la notaron nerviosa y le pidieron que pasara por el escáner. Allí, una policía detectó que llevaba una “figura extraña” en los championes: era una sustancia amarillenta que dio positivo a la presencia de cocaína. En total eran 512 gramos que se disponía a entregar a un preso que no fue posible identificar.

Su abogada, la defensora pública Anaclara Ramírez, explicó en la audiencia que su representada le había dicho que era portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), una enfermedad respiratoria crónica, que es paciente psiquiátrica y que padecía cáncer de esófago. Luego, en conversaciones con la familia de su representada, le confirmaron los primeros tres diagnósticos, pero le manifestaron que desconocían que tuviera cáncer. También le informaron que en el último tiempo no había cumplido con los tratamientos médicos correctamente y dijeron que esto tenía que ver con su adicción a las drogas.

Hasta hacía unas semanas, la mujer había vivido en una casa con familiares suyos. Pero, luego de que robara artículos de ese hogar para venderlos para consumir, la terminaron echando. Desde ese momento quedó en la calle.

“Era notoria la vulnerabilidad de ella, más allá del consumo, y aún teniendo una red familiar que aparentaba ser contenedora. Muchas veces no existen esas redes familiares, pero el consumo es un tema tan complicado que a veces, aunque haya contención, la adicción puede más”, explicó Ramírez a El País.

La mujer también tiene dos hijos, con los que mantenía el vínculo, pero que no vivían con ella.

A pedido de la defensora —y con el beneplácito de la fiscal—, la jueza María Noel Odriozola dispuso que antes de ingresar a la cárcel de mujeres, fuera evaluada por un médico forense para que este indicara cuáles eran sus necesidades de tratamiento. La ley dispone que si el imputado o condenado, por motivos de salud, no puede permanecer en un establecimiento de reclusión, la pena se cumpla de una forma en la que la persona pueda acceder a su derecho a la salud.

Aunque la ley de urgente consideración (LUC) llevó a cuatro años la pena mínima por intentar ingresar drogas a las cárceles, tras el consenso existente en el mundo del Derecho Penal en que esta pena se había vuelto excesiva y que tiene un impacto contraproducente, en la rendición de cuentas del año 2023 se aprobó una modificación. La tentativa de este delito, que antes tenía la misma pena que el delito consumado, pasó a tener una pena mínima de 16 meses.

Esta normativa había tenido un fuerte impacto a las condenas a mujeres, que intentaban ingresar droga a la cárcel para sus parejas o, en otros casos, simulaban que hombres presos eran sus parejas para llevarles droga y obtener dinero a cambio. Según un relevamiento de la Asociación de Defensores Públicos, el 95% de las condenadas con la modificación introducida por la LUC habían sido mujeres.

En el caso en cuestión, se la condenó por un delito tentado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por cometerse en el interior de un centro carcelario. Se acordó entre la Fiscalía —que está a cargo de Angelita Romano— y su defensa una pena de 18 meses de prisión. En esta oportunidad, pudo aplicarse el artículo 37 BIS introducido en la rendición de cuentas y que bajó la pena mínima para cuando el delito no llegó a consumarse.