Un audio del entonces número dos de la Policía Nacional obligó a la fiscalGabriela Fossati a abrir una línea de investigación sobre eventuales favores de la cúpula policial al excustodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, hoy en prisión preventiva.
Según fuentes del caso, el audio enviado a Astesiano decía: “Tranquilo. El encargado de fiscalizar las empresas de seguridad me debe la vida. Que esté de licencia no me importa. Está en funciones gracias a nosotros. Él te va a recibir; no puede decir no”.
Astesiano tenía una empresa de seguridad que había sido multada cuando inspectores de la Dirección General de Fiscalízación de Empresas (Digefe) detectaron que estaba brindando servicios a un supermercado sin estar habilitada. El 30 de noviembre del año pasado, Fossati indagó al jerarca de la Dirección General de Fiscalización de Empresas sobre un encuentro que mantuvo con Astesiano. “Me reuní con él a raíz de una solicitud de mi superior directo. Astesiano quería interiorizarse sobre una multa a su empresa”, testificó el jerarca de Digefe según las fuentes.
El policía relató a Fossati que trasmitió al excustodia que, ante la disconformidad por la multa aplicada, tenía tres caminos: iniciar un recurso de revocación, una petición al cuerpo de abogados del Ministerio del Interior o firmar un convenio de pago.
Según las fuentes, el jerarca de Digefe y Astesiano quedaron en mantener una segunda reunión, la que “nunca se concretó”.
En ese punto, Fossati indagó al policía sobre qué ocurrió con la multa colocada a la empresa de seguridad de Astesiano. “El proceso administrativo siguió su curso. La multa sigue con plena vigencia; no fue revocada”, respondió el oficial superior a la fiscal.
Según las fuentes, el jerarca agregó: “Para nosotros, Astesiano no tenía una empresa de seguridad. No hay registros ni documentación de una empresa de seguridad a nombre de Astesiano o él figurando como encargado”.
Y agregó en la audiencia: “La multa no la ponemos al supermercado. La multa la ponemos a la empresa que está haciendo trabajos de seguridad en forma irregular”. En ese momento, la fiscal preguntó al jerarca cómo se podía multar a una empresa no constituida. El jerarca respondió: “Los funcionarios notificaron la irregularidad. La multa sigue su curso ahora en el Contencioso del Ministerio del Interior”. Y agregó que cuando llegó a su cargo encontró multas a empresas que habían sido aplicadas hacía siete años y no habían sido cobradas.