Redacción El País
La Justicia emitió este jueves un nuevo fallo sobre el caso del proyecto Neptuno para construir una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en la costa del Río de la Plata en San José.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno falló contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) por una recusación que había presentado contra el juez Alejandro Recarey, que días atrás ordenó una medida cautelar que suspendió la firma del contrato entre OSE y el consorcio que iba a encargarse de la obra.

El MSP había pedido que otro juez analizara el tema debido, entre otros motivos, al caso de las vacunas contra la covid-19, debido a que en julio de 2022 Recarey dio lugar a un recurso de amparo para suspender la vacunación a menores de 13 años, medida que finalmente revocó un Tribunal de Apelaciones.

Ante una medida cautelar que pidieron tanto la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucu Tucu, representados legalmente por el abogado Juan Ceretta, el MSP solicitó que un Tribunal de Apelaciones reviera qué magistrado debía decidir por el caso, ya que la carpeta había caído en el escritorio de Recarey.

El MSP, uno de los apuntados por las organizaciones junto a OSE y el Ministerio de Ambiente, argumentó que "no existen garantías de imparcialidad", lo que había sido "comprobado" con el tema de las vacunas, y que era "clara la enemistad y animosidad" contra la secretaría de Estado.

Pero el tribunal rechazó "de plano" la recusación "por ser manifiestamente infundada". "Las referencias a la actuación del magistrado en otras causas", dice el fallo al que accedió El País, "no pueden servir de motivo para disponer el apartamiento".

Esto porque lo que debe resolver el tribunal es "sobre la imputación de imparcialidad en el caso concreto y no en otro". También alegó que en esta circunstancia "no se advierte trato discriminatorio" contra el MSP.

De todas formas, esta no es la resolución del tribunal sobre el fondo de la cuestión. El gobierno decidió apelar la medida cautelar dictada por Recarey y ahora el tribunal deberá analizar esa cuestión, y emitirá su fallo.

Si el Tribunal de Apelaciones rechaza el recurso del gobierno y da por válida la resolución de Recarey, entonces las organizaciones ambientalistas tendrán la posibilidad de iniciar una demanda para hacer caer definitivamente el proyecto, una instancia que podría llegar a demorar años.

El juez Recarey emitió una resolución en la que ordenó a OSE "no innovar" y que "no suscriba" el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que se iba a encargar de la obra en Arazatí.

De esta forma quedó suspendida, de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, un proyecto que generó rechazo en la oposición política y algunas organizaciones sociales ambientalistas.

La orden es "hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario".

"Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", expresa el documento judicial.

"También es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas", apuntó el juez.

El magistrado consideró que "hay extremos indiciarios serios" de que "podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad de la que podría disfrutar" si la toma se hiciese en fuentes más limpias.

Además, "no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas del agua".

De momento el proyecto y la licitación se aprobaron y se adjudicó al consorcio, pero no se ha firmado el contrato.