CAUSA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Hoy vence el plazo para que la fiscal a cargo de la Operación Océano, Mariana Alfaro, acuse a los imputados. De las 33 personas que fueron formalizadas al comienzo de la causa penal, nueve de ellas acordaron un juicio abreviado, diez fueron sobreseídos, cuatro casos se archivaron -se trataba de personas no formalizadas, pero a las que se les impuso medidas cautelares- y catorce imputados irán a juicio oral, según estimaron seis abogados en diálogo con El País.

Sin embargo, los penalistas advirtieron que es posible que se modifique el número de personas que se enfrenten a un juicio oral dado que algunos de ellos podrían finalmente ser sobreseídas o acordar un proceso abreviado en estas horas. La fiscal Alfaro se pronunciará hoy a última hora, pero esto no significa que necesariamente se realice un dictamen.

Alfaro no quiso hacer declaraciones sobre la acusación al ser consultada por El País.

Uno de los defensores de los imputados comentó a El País que los 14 hombres que irán a juicio fueron imputados tanto por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, o sino por suministrar droga a un menor de edad, aunque en algunos casos fue por ambos crímenes. Se trata de individuos que enfrentarán penas más duras.

El martes 3, la fiscal determinó el sobreseimiento de la única mujer imputada y de dos empresarios, uno de ellos un reconocido relacionista público. Los tres forman parte de un total de nueve sobreseídos.

Según el Código de Proceso Penal (CPP), un imputado será sobreseído cuando la Fiscalía no encontró pruebas en su contra o es imposible que hubiera cometido el delito cuya autoría se le atribuyeren en esta línea, otro de los abogados de los imputados expresó a El País que “quienes fueron sobreseídos nunca se encontraron con la menor”.

En forma paralela, a comienzos de mayo de este año, la fiscal Alfaro llegó a un acuerdo para ir a un juicio abreviado con dos imputados de la causa y, según supo El País, las personas formalizadas aceptaron que parte de la condena sea con prisión efectiva y otra parte con medidas alternativas a la prisión. Estos acuerdos abreviados implican que los imputados reconocieran su culpabilidad a cambio de recibir una pena más benigna que la que tendrían si se enfrentan a un juicio.

Una vez que el imputado asuma su responsabilidad, deberá pagar una retribución económica a la víctima que, tal como establece la Ley de Género, equivaldría a 12 sueldos. Además, dependiendo de la gravedad del delito, se establecerá si el imputado deberá cumplir con prisión efectiva o domiciliaria.

El abogado Santiago Alonso opinó a El País: “Se cometieron demasiados errores desde la Fiscalía y esto complicó una investigación que se podría haber resuelto de otra manera y de una forma más rápida”.

Alonso y su defendido ayer acordaron un proceso abreviado con la Fiscalía, acuerdo que estableció una pena de tres años de penitenciaría que se desglosa en 15 meses de prisión efectiva (la cual ya cumplió), seis meses de prisión domiciliaria, otros seis de meses de domiciliaria monitoreada y nueve meses de libertad vigilada.

El caso comenzó a principios de 2020 cuando una mujer adulta y una entonces menor acusó al cliente de Alonso por una supuesta violación cometida en una posada de Punta del Este. A su vez el imputado denunció que una de las chicas lo filmó y que ambas pretendieron extorsionarle. Esa denuncia continúa tramitándose en Maldonado.

En marzo, apareció el cuerpo sin vida de una adolescente en el Arroyo Solís Chico. La Justicia todavía investiga su muerte.

Tras la declaración de la principal víctima de la Operación Océano el viernes 22 de abril, Pablo Casas, abogado defensor de uno de los imputados, dijo que la joven “planteó que no iba a declarar más” y expresó la necesidad de que lo haga para poder hacer repreguntas. La principal víctima del caso dijo “que no estaba emocionalmente bien como para seguir adelante” con las posibles repreguntas, señaló Javier Benech, director de Comunicación de la Fiscalía.

Una fuente del caso agregó a El País que la joven indicó que el proceso judicial “afecta su salud mental”. En tanto, Casas aseguró: “Eso a muchas de las defensas las deja en inferioridad de condiciones, porque es necesario realizar las repreguntas sobre el cuestionario que las propias defensas y la Fiscalía acordaron para hacerle a la víctima”.

Por otro lado, seis abogados se suscribieron a un documento que le solicita a la juez letrada de 33º turno que “se disponga sin más trámite el levantamiento de la reserva”. Alegan que la reserva solamente debería impedir la difusión de los nombres de las personas implicadas.