INVESTIGACIÓN

Los policías recorren en pareja rancho por rancho en el nuevo asentamiento de Santa Catalina. Golpean las palmas. Cuando alguien atiende, se presentan y piden que cada integrante de la familia ocupante se identifique y les exhiba su documento de identidad.

Munidos de unas planillas, los policías censan a las 700 familias que usurparon el campo privado de 70 hectáreas en forma vertiginosa en enero de este año. En un principio, los ocupantes pensaron que el censo policial tenía como objetivo identificar la cantidad de familias asentadas para que luego estas recibieran los servicios de luz y de agua. Poco después, supusieron que el registro podía tener otro objetivo: identificar a personas con antecedentes penales en el lugar.

En sus recorridas, los policías recolectaban información casi como al pasar. En el asentamiento también operaron policías del Área de Investigaciones de la Zona IV (Cerro, Casabó, La Teja y barrios aledaños).

En un primer momento, los policías detectaron a oportunistas que querían armar “un currito” con la ocupación. Munidos de alambres loteaban varios terrenos y luego los vendían por unos pocos pesos.

Posteriormente los policías detectaron que había una organización detrás de las ocupaciones que trataba de “colocar” terrenos a personas humildes lo más rápido posible. “Estaban bastante organizados para ser simples “okupas”, explicó una fuente del caso.

Una semana atrás, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, solicitó a la Policía las detenciones y el posterior inicio del proceso penal para siete personas, entre ellos el propietario de una retroexcavadora.

Dos personas fueron condenadas. Uno de ellos fue el dueño de la maquinaria, la que fue incautada por la Justicia.

El jueves 16, el fiscal Pérez ordenó las detenciones de siete personas, dos ellas mujeres, las que son consideradas como las cabecillas de las usurpaciones de las 70 hectáreas que pertenecen a una sociedad anónima. Además, la Fiscalía ordenó a la Policía que investigue por lo menos a otras tres personas que podrían integrar la organización delictiva. Cuarto personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas el mismo jueves; el resto de los individuos no fue ubicado por la Policía.

El fiscal Pérez investiga a los sospechosos por los delitos de asociación para delinquir y penetración de fundo ajeno (usurpación de tierras). Es posible que en esta jornada se les inicie el proceso penal por esos delitos a dos de los detenidos.

Al mediodía de ayer, una veintena de personas manifestaron frente a la Fiscalía reclamando la liberación de los detenidos. Cerca de la puerta de la sede de la Fiscalía colocaron dos carteles. Uno de ellos, decía en letras negras: “Ningún desalojo” y firmado por la organización “Tierra y Libertad”. El otro cartel, con letras rojas, señalaba: “La tierra se ocupa y se defiende”.

La Policía presume que entre los manifestantes ubicados frente a la Fiscalía había militantes de ultraizquierda. Por esa razón y para evitar enfrentamientos, la Policía suspendió el censo previsto para ayer. El relevamiento continuará la semana entrante.

A partir del próximo lunes, los investigadores de la Zona IV (Cerro, La Teja, La Paloma y barrios aledaños) tratarán de ubicar a otras personas requeridas.

La acción del Estado generará que muchos ocupantes, en forma voluntaria, abandonen el campo usurpado al ver que no hubo inacción estatal. Además, muchos de ellos tienen antecedentes y el inicio en su contra de un proceso por asociación para delinquir y usurpación de tierras los llevaría a la cárcel. Al haber en el lugar presencia policial, el accionar de un grupo organizado se dificulta.

El fiscal Pérez dijo a El País que grupos de delincuentes aprovechan estos asentamientos ilegales para protegerse de la Policía. “Se sabe que los delincuentes se valen de personas humildes para obtener sus fines”, concluyó.