INVESTIGACIÓN

La uruguaya Maya Cikurel fue detenida por un "presunto delito de activos" vinculado al caso Odebrechty deberá permanecer en prisión domiciliaria por un plazo de 60 días, a la espera de que Panamá haga un pedido de extradición.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso:

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Cikurel es una contadora de 46 años sobre la que pesaba una alerta roja de Interpol y por la que fue detenida en Colonia cuando pretendía viajar a Buenos Aires. Es además pareja del futuro ministro de Educación Pablo da Silveira.

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El medio panameño La Prensa indicó en junio de 2019 que en el proceso de investigación del caso Odebrecht debían declarar nueve personas, entre ellas, Cikurel. Se informaba además que había una alerta roja de Interpol para encontrarla.

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La uruguaya estaba citada en la investigación realizada por la Fiscalía de Suiza y la relaciona con la empresa Arcadex Corp.

El medio argentino Perfilinformó en 2016 que los pagos vinculados a la corrupción por parte de la constructora en 12 países de América Latina y África se realizaban a través de tres firmas fantasma: las offshore Smith & Nash Engeneering Compañy (S&N) y Golac Projects and Construction Corporation u2013ambas de las islas Vírgenes Británicasu2013; y Arcadex Corporation, radicada en otro paraíso fiscal, Belice.

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Cikurel no aparece vinculada a quienes están relacionados a casos de corrupción en Argentina. Tampoco al caso de Andrés "Betingo" Sanguinetti, quien tuvo a su cargo la cuenta bancaria donde la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios peruanos.

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El nombre de la contadora sí aparece en un pedido realizado por Suiza y relacionado con la empresa Arcadex Corp, que es señalada además por el pago de sobornos en Panamá que involucran al expresidente de ese país Ricardo Martinelli (2009-2014), según había informado Telemundo.

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En Panamá, tres ejecutivos de Odebrechtconfesaron haber pagado sobornos de US$ 86 millones, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril 2018, la Cancillería panameña solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

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El caso Odebrecht fue reactivado el 20 de enero pasado en Panamá por el nuevo fiscal general, Eduardo Ulloa, quien impulsa una investigación tanto de la actuación en el país de la constructora brasileña como de la española FCC por el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos, así como del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). En una entrevista con Efe, Ulloa aseguró que la instrucción que ha dado a los fiscales Anticorrupción es la de acelerar los procesos y llamar a todo el que esté implicado en los casos Odebrecht y FCC, sin importar su papel político ni relevancia económica, para que así "la ciudadanía sienta de que la Justicia se está realizando". La investigación a la constructora brasileña, que levantó obras emblemáticas como el paseo marítimo Cinta Costera y dos líneas del metro de la capital de Panamá, estas junto a FCC, estuvo detenida varios meses después de que una corte de circuito negara a la fiscalía una nueva prórroga, la segunda, para continuar las pesquisas. "Es un expediente que tiene 879 tomos", afirmó Ulloa

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¿Qué ocurrió con Martinelli? Ulloa afirmó que la Fiscalía ha pedido a la Corte Suprema un informe sobre los casos por supuesta corrupción contra el expresidente Ricardo Martinelli que deben pasar al Ministerio Público como resultado de que renunció al cargo de diputado centroamericano que le daba un fuero especial. Martinelli fue declarado el año pasado "no culpable" de los delitos de escuchas ilegales y peculado por un tribunal juicio luego de que el Supremo declinara su competencia en el caso (por el tema de la renuncia a la diputación regional), que abrió el máximo tribunal y por el que pidió la extradición del expresidente a Estados Unidos, que la concedió en base a un tratado bilateral. La discusión se centra ahora en si el expresidente puede ser juzgado por los otros casos abiertos en su contra, cerca de una decena, luego de que Estados Unidos dijo en una comunicación oficial que las condiciones que daban vida al "principio de especialidad" establecido en el Tratado de Extradición y que limitaba la persecución penal al caso por el que fue entregado, ya no aplican. Ulloa dijo a EFE que "los jueces panameños deben determinar si esa vía que ha decidido tomar Estados Unidos", de dar luz verde a Panamá para procesar nuevamente a Martinelli sin que supuestamente se le haya pedido formalmente, "es la vía que nuestra legislación señala para la autorización de excepción del principio de especialidad". "La principal preocupación nuestra es que la consecuencia jurídica por obviar esa autorización (pedida formalmente) es la nulidad del proceso. Esa es la mayor preocupación. Lo que más fuerte se nos cuestionaría es provocar una nulidad" de un proceso contra Martinelli, agregó el fiscal general.

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En la mañana de este jueves la jueza María Helena Mainard hizo lugar el pedido del fiscal Ricardo Lackner y dictó le prisión domiciliaria por 60 días, así como el cierre de fronteras y la entrega de su pasaporte. 

Durante este plazo Panamá deberá enviar una serie de documentos que sirvan como prueba suficiente para que se acepte la extradición a ese país.