Redacción El País
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas, envió una carta al gobierno de Uruguay pidiendo "atención urgente" a la información recibida respecto de "el amplio margen de discrecionalidad que tendría la Corte Suprema uruguaya en la designación, traslado y ascenso de los jueces uruguayos. Esto podría afectar la independencia judicial en el país". La advertencia es en base a una denuncia realizada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), que nuclea a la mayoría de los jueces del país.

El escrito realiza un análisis de la legislación vigente en materia de ascensos y la denuncia realizada por el gremio. A partir de eso, pide cuatro medidas concretas. Entre ellas, que se le proporcione información o comentarios sobre las alegaciones del gremio, que se indique las medidas tomadas para garantizar la independencia de los jueces, que proporcione información sobre lo que se ha hecho para abordar las preocupaciones de AMU y que se informen "las medidas tomadas por Uruguay para contar con un sistema de concursos que regule la carrera judicial" en base a criterios objetivos y transparentes.

Entre las valoraciones que se realizan en el informe, está que en la prueba de oposición –una de las tenidas en cuenta para ascender– "la regulación no es clara, no establece si será obligatoria para todos los jueces, y en caso de que no sea obligatoria, cuál será la diferencia para ponderar entre el juez que opta por hacerla y el que no la hace".

Sobre el final, expuso que tenía intenciones de expresar su "preocupación" ante la información recibida por AMU porque ella "indicaría que el sistema de ascensos y traslados de la judicatura uruguaya se basa en calificaciones secretas y anónimas, realizadas por jueces a quienes compete el estudio de las apelaciones y resultan superiores procesales de los jueces considerados para ascenso o traslado".

"De ser cierta la información, la falta de transparencia en las calificaciones y en el sistema de traslados y ascensos de juezas y jueces afectaría la independencia judicial en el país", consideró y agregó que a eso se suma la preocupación de que "esta situación termine por afectar los derechos humanos de las personas viviendo en Uruguay".