EXPLOTACIÓN SEXUAL

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En el mayor juicio de explotación sexual de la historia del país, con 32 imputados, la Fiscalía “omitió” informar a las defensas que la principal víctima tenía dos celulares y brindó a los profesionales datos respecto a solo uno de ellos.

Ello surge de una audiencia judicial realizada ayer donde la mayoría de los abogados penalistas anunciaron a la jueza de garantías, Beatriz Larrieu, que por dicha “omisión o error” de la Fiscalía, pedirán dentro de un plazo de 20 días la nulidad del caso.

Esta situación derivó en que la jueza Larrieu suspendiera todas las instancias previstas a corto plazo: la realización de un interrogatorio a la principal víctima en el marco de una declaración anticipada y varias audiencias.

Las medidas se mantendrán hasta que la Fiscalía detecte qué pasó con el material que no fue entregado a las defensas y luego subsane el error, señalaron participantes de la audiencia a El País.

Uno de los objetivos ayer era discutir sobre el modo en que la Fiscalía estaba llevando el legajo de la investigación, ya que no se podía acceder al 50% de los archivos -audios y fotografías- y que estos se encontraban completamente desordenados.

El segundo propósito de la audiencia era discutir el modo de la declaración anticipada de la principal víctima, que generó los 32 procesamientos de personas por los delitos de retribución o promesa de retribución a menores para cometer actos eróticos. La víctima hoy es mayor de edad.

En relación al primer punto, la Fiscalía expresó, en varias oportunidades, que había entregado a las defensas gran parte de las evidencias.

Ante las quejas de los abogados sobre el acceso a los archivos con chats y fotos, la Justicia convocó a la audiencia a dos técnicos de Interpol vinculados a la investigación. En ese momento, dos penalistas ofrecieron sus computadoras portátiles a los técnicos para demostrar que no se podían abrir todos los archivos de la carpeta investigativa. Los policías, expertos en tecnología, no pudieron acceder a varios archivos sobre el caso, según las fuentes.

Al ser interrogado por la jueza Larrieu y las defensas, uno de los expertos declaró que la víctima tenía otro teléfono celular.

En ese momento, los defensores alegaron que desconocían la existencia de ese segundo celular y no se les había hecho entrega de los chats y las fotos que contenía el aparato.

En la audiencia también surgió que archivos de audio en los que la víctima decía que usaba cédulas falsas para mentir sobre su edad, o en los que directamente mentía a su interlocutor y decía que era mayor, habrían sido eliminados o, al menos, no se encuentran en los pendrives entregados por la Fiscalía a las defensas.

La fiscal Darviña Viera dijo en la audiencia que no sabe qué ocurrió con la información del segundo celular y explicó que la Fiscalía toma la información de la Policía y las copia en un pendrive a los defensores.

Frente a la consulta de si hubo un posible ocultamiento de información por parte de la Fiscalía, Viera respondió ayer en rueda de prensa: “No, para nada. Esas son estrategias de los abogados. La Fiscalía no oculta absolutamente nada”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay y defensor de uno de los imputados, Eduardo Sasson, dijo a El País que la falta de entrega de los archivos de uno de los celulares de la víctima lleva a los profesionales a considerar que se vulneró el principio de defensa.

“Es por eso que entendemos necesario presentar la nulidad total de las actuaciones lo cual haremos la gran mayoría de los defensores en conjunto”, advirtió Sasson.

Ignacio Durán, abogado defensor de un productor de eventos, dijo a El País que quedó probado que la Fiscalía ocultó información a los abogados.

Al igual que Sasson, Durán también reclamará la nulidad de la investigación. “No hay mala fe de la Fiscalía. Sí existió un error grosero inadmisible que torna insubsanable todo lo actuado”, afirmó. Y agregó: “Acá hay responsabilidad de la Fiscalía que debe ordenar la carpeta investigativa y no de la Policía que solo extrae información”.

Las abogadas Ana Frontán y Carolina Bautel señalaron a El País que era importante determinar si en la información a la que no accedieron las defensas hay, por ejemplo, llamadas no respondidas por los hoy imputados. Y agregaron que, más allá del tenor de las normas, una cosa es que el adulto tenga interés en tener la comunicación y otra es recibir mensajes insistentes de quien termina siendo la víctima.

Veinte víctimas aguardan declarar

La Operación Océano tiene hoy 20 víctimas. Y pueden ser más, según señaló en varias ocasiones la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera. Una fuente de Fiscalía dijo a El País que ninguna de las jóvenes se veía como víctima de un delito de retribución o promesa de retribución a cambio de que cometa actos eróticos.

“Veían como normal sus encuentros con adultos”, explicó la fuente. Y agregó que fue clave el rol de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía para que las chicas supieran que habían sido explotadas sexualmente por hombres mayores de edad.

No obstante, entre los procesados hay una sola mujer que participó junto con un individuo en una maniobra para convencer a las adolescentes de que utilizaran un apartamento de su propiedad en sus encuentros a cambio de un precio. Esa mujer enfrenta una investigación por proxenetismo. El dueño del apartamento también se vinculó con una víctima que tiene 15 años en este momento. El individuo ofrecía una retribución a cambio de actos eróticos.

El caso de esta adolescente comenzó a ser investigado a fines de 2019 por la Fiscalía de Pando, cuando la madre denunció su desaparición. Ahí se supo que la adolescente mantenía contactos con un hombre mayor de edad. Este individuo luego sería imputado en el marco de la Operación Océano por sus vínculos con otra menor, hoy mayor de edad.

La adolescente de Pando está bajo el cuidado de un hogar del INAU. A principios de octubre de 2020, el integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y docente universitario, Juan Raúl Williman, fue contactado por la madre de la joven. El abogado le explicó que participar en el proceso judicial para una víctima es un derecho. Pero lo primero que le preguntó la mujer fue cuánto iban a molestar a su hija. Él le contestó que lo menos posible para evitar revictimizarla. “La gente cree que las chiquilinas están desesperadas por denunciar y algunas no quieren verse más afectadas por todo esto”, dijo el abogado a El País.