Redacción El País
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno hizo lugar el jueves 22 al pedido de ingresar en el juicio chats sobre consumo de estupefacientes de la víctima de Operación Océano y diversas pericias semiológicas hechas a la denunciante, hoy mayor de edad.

El tribunal recordó anteriores sentencias donde señaló que la víctima de Operación Océano ya declaró como prueba anticipada y no volverá a tomársele declaraciones.

“Todo ello determina la viabilidad del ingreso como prueba material del registro de los chats, sin posibilidad de hacerse valer en contra de la Defensa (...)”, expresa el fallo.

El tribunal apuntó al hecho de que los chats que eventualmente dejan evidenciada la vulnerabilidad de la víctima no pueden llevar al extremo de “cercenar” la información del contexto de la joven bajo “el paraguas” de la prohibición de estigmatizar y revictimizar.

En otro tramo de la sentencia, el tribunal calificó de “inadmisible” el recurso presentado por la Fiscalía y la defensa de la víctima sobre que los peritos que realizaron extracciones de los chats de la entonces adolescente nada podrían aportar sobre el contenido de los aparatos.

La Operación Océano fue iniciada en 2020 por la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera. En 2022, la fiscal Mariana Alfaro sustituyó a Viera. Alfaro, junto con integrantes de la Unidad de Litigación de la Fiscalía, solicitó el sobreseimiento de 13 imputados y condenó a nueve adultos por proceso abreviado imputándoles el delito de promesa o retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales. Otros cuatro imputados vieron sus causas archivadas. Finalmente, 11 de los imputados originales enfrentarán un juicio penal por delitos de promesa o retribución a menores para que protagonicen hechos de índole sexual.

El 12 de setiembre de 2023, tres investigados por la Operación Océano, que luego fueron sobreseídos, citaron a una audiencia de conciliación a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a la Fiscalía de la Nación previo a un reclamo por un total de US$ 770.000. Los tres demandantes consideran que sus nombres fueron expuestos “gratuitamente” al escarnio público durante la investigación llevada adelante por Darviña Viera.